Artículo publicado originalmente en Red Floridablanca

Nuestra clase política es verdaderamente sorprendente. Siempre que se celebran elecciones presenciamos cómo los candidatos se presentan a los medios de comunicación apelando a la responsabilidad cívica del conjunto de los españoles para que voten en las urnas por su programa político frente al del resto de partidos. Sin embargo, tal alarde a la responsabilidad desaparece cuando se trata de que nosotros mismos nos hagamos cargo de un asunto tan importante como es el de las pensiones que queremos disfrutar en el momento de la jubilación. Es decir, se nos presume una responsabilidad, como colectivo, para ponernos de acuerdo en lo que los 47 millones de españoles necesitamos dentro de un gran “contrato social”, como es el manido Pacto de Toledo,  y sin embargo, no somos capaces de elegir lo que individualmente mejor nos conviene con respecto a nuestras necesidades y circunstancias particulares.

Tal vez tengan razón, al fin y al cabo para eso suponen que les votamos, para que ellos se hagan cargo de todo. No obstante, centrándonos en la problemática de las pensiones, la realidad ha vuelto a demostrar que el buen hacer y la transparencia en la gestión que la ortodoxia socialdemócrata suele atribuir al Estado es falsa y peligrosa.

Recordemos que nuestro sistema público de pensiones se basa en el denominado esquema de reparto, mediante el cual los trabajadores deben cotizar para pagar a una creciente población jubilada, que en tan solo 30 años representará un 37,6% de la población total en España.

El vehículo fundamental con el que se financian las pensiones actuales es el pago de una cotización obligatoria (en forma de impuesto sobre el salario) por parte del trabajador, quien devenga el derecho a que los futuros integrantes en el sistema sufraguen su pensión en el momento de la jubilación.

De esta forma, es fácil advertir que el funcionamiento de este sistema implica que los trabajadores, además de no tener capacidad para ahorrar (la cuña fiscal o brecha entre el coste laboral del trabajador y su sueldo neto en España ronda el 40%, 4 puntos superior a la media de la OCDE), tampoco tienen incentivo alguno para hacerlo, ya que el derecho devengado produce un “efecto sustitución” entre pensiones públicas y ahorro privado.

Ante la evidente falta de recursos financieros, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un préstamo de 10.192 millones de euros que el Tesoro Público concederá a la Seguridad Social para poder hacer frente a las pagas extraordinarias de las pensiones. De esta manera, desde que se crease el Fondo de Reserva en el año 2000, es la primera vez que la Seguridad Social tiene que endeudarse para cumplir su cometido. Un suceso más que confirma que el sistema público de pensiones es incapaz de responder como modelo de previsión y jubilación de los trabajadores, revelando una verdad de nuevo oculta por el lenguaje político: la Seguridad Social, ni es un seguro, ni es social.

Primero, como seguro, entendido como un contrato mediante el cual existe una equidad individual, o dicho de otro modo, una relación entre lo que el asegurado aporta -pago de la prima- y la futura contraprestación -renta diferida- , es forzoso concluir que en el actual esquema de reparto dicha equidad no existe, cuando de hecho los trabajadores españoles pagan unas mayores cotizaciones sociales (recientemente tras la última subida de las bases de cotización) para recibir una pensión cada vez menor: aumento de la edad de la jubilación de los 65 a los 67 años, elevación del mínimo de años exigidos para recibir la totalidad de la pensión, supresión de la indexación del IPC y otras medidas dirigidas a sostener el sistema a cualquier precio.

Segundo, como social, el esquema público de pensiones busca ofrecer una cobertura que garantice una función redistributiva, esto es, que la renta sea distribuida en favor de los colectivos más vulnerables. Sin embargo, este objetivo es incompatible con la lógica del modelo de reparto, donde las contribuciones se pagan en función de lo que se ha cotizado previamente y con independencia de las necesidades del beneficiario. De esta manera, diversos economistas han demostrado que los jóvenes con rentas más bajas se ven obligados a trabajar a edades más tempranas para cotizar durante un mayor periodo de tiempo y con unos salarios más bajos en detrimento de los jóvenes de rentas más altas, quienes gozan de salarios más altos y pueden cotizar durante un menor periodo de años para recibir una pensión similar o incluso superior.

A la vista de estos y otros desincentivos inherentes al sistema público de pensiones, cabe preguntarse por qué nuestros políticos no plantean un debate serio y sin complejos donde se compartan experiencias de otros países de Europa, que desde hace años vienen realizando un cambio estructural del sistema dirigido hacia esquemas de ahorro previo o capitalización individual, una opción que incluso el Banco de España está reclamando con vehemencia.

Tal vez la respuesta se encuentre en que los políticos, frente al resto de ciudadanos, no sean responsables colectivos, pero sí responsables de preservar sus intereses particulares.