El polémico debate sobre la desigualdad y la redistribución ha despertado recientemente un notable interés en política y economía. Nuevos partidos como Syriza en Grecia o Podemos en España fundamentan sus propuestas en torno a la crítica más feroz vertida a la economía de libre mercado: el capital se concentra en manos de unos pocos y por ello sus rendimientos han de redistribuirse.  Esta es la conclusión principal del famoso economista Thomas Piketty en su obra “El Capital en el siglo XXI”. Sin embargo,  es cierto que resulta difícil definir cuál debe ser el óptimo de la distribución de la riqueza a tenor de un criterio subjetivo de justicia distributiva, y más difícil resulta aún concluir si el Estado es más eficiente redistribuyendo dicho óptimo mejor que el mercado.

De este modo, resulta interesante conocer cuáles son las consecuencias redistributivas de las principales políticas de los Estados: la política monetaria y la política fiscal.

Respecto a la política monetaria, merece destacar la incongruencia de quienes denuncian la creciente concentración del capital en un escenario donde las medidas de reducción drástica de tipos de interés al 0% han sido calificadas de convencionales por parte de las instituciones monetarias, justificando así nuevas medidas de crédito al pánico con la compra masiva de bonos (Quantitative Easing) y que, lejos de favorecer la acumulación de capital, están generando efectos nocivos:

• Desde el punto de vista económico, la inyección de liquidez suministrada por los bancos centrales está esquilmando el ahorro para favorecer la acumulación de deuda (más de un 300% de deuda pública y privada sobre el PIB de las economías de la OCDE). Una inyección consagrada en virtud de la premisa keynesiana conocida como paradoja del ahorro: si sube el ahorro, se consume menos y por tanto la economía se resiente. La ortodoxia keynesiana ignora que los bienes de consumo final son fruto de un largo proceso de producción constituido por diversas etapas intermedias de bienes de capital, que precisan de dos variables fundamentales: tiempo y ahorro.
• Desde el punto de vista social, es creciente la preocupación por las políticas monetarias expansivas. Este hecho ha sido constatado incluso por las propias instituciones monetarias responsables. Recientemente Makoto Nakajima, economista de la Reserva Federal de Filadelfia, ha puesto de manifiesto la incertidumbre que existe actualmente en los sistemas financieros, donde pueden producirse consecuencias distributivas inesperadas. Pone como ejemplo el caso de la Reserva Federal y su plan de compra de activos garantizados por préstamos hipotecarios. En efecto, el objetivo de esta compra es bajar el interés de las hipotecas para aumentar la demanda de viviendas. Dicho aumento de demanda presionará los precios de las viviendas al alza, favoreciendo a los propietarios y perjudicando a los compradores (aun cuando lo que se pretende es beneficiar a este último colectivo). De este modo, se genera una transferencia de riqueza desde los potenciales compradores de vivienda hacia los propietarios actuales. Lo mismo ocurriría en el caso de lo que Nakajima denomina sorpresa de la inflación: un repunte inesperado de la inflación afectaría positivamente a los propietarios de vivienda frente a las familias más humildes que viven de alquiler, así como frente a los pequeños ahorradores conservadores que de un momento a otro ven la rentabilidad de sus bonos mermada.

En consecuencia, queda demostrado que la intervención de los bancos centrales en el sistema financiero, pudiendo ser muy bienintencionada, está produciendo efectos muy nocivos. Efectos muy difíciles de prever encontrándonos, tal y como asegura Richard Koo, en una verdadera trampa de la represión financiera.

¿Y la política fiscal? Muchos economistas relevantes, como Paul Krugman o John Kenneth Galbraith aseguran que la política fiscal es la verdadera herramienta que tienen los gobiernos para redistribuir la riqueza de manera eficiente, ya que la política monetaria es sumamente complicada al intervenir sobre una función tan inestable como la inversión.

Para mitigar los efectos de la Gran Recesión, los gobiernos han dedicado diversos programas de estímulo económico para mantener la actividad económica. Sin embargo, la actividad se desplomó y el gasto público se mantuvo, rozando el 50% del PIB en las economías europeas.  Este hecho, unido a la caída de la recaudación, ha sumido al Viejo Continente en un elevado déficit que tiene que financiar con cargo a deuda pública. Los keynesianos justifican esta deuda con el fin de distribuir la carga equitativamente entre la generación presente. Es decir, dado que subir los impuestos para financiar el déficit obligaría a los trabajadores que no poseen suficiente liquidez a pedir prestado a los capitalistas a un alto tipo de interés, el Estado emite bonos para distribuir la carga de forma equitativa.

El problema de emitir bonos y de apalancarse sine die, es que en el momento de pagar los intereses a los tenedores de bonos, el gobierno se verá obligado a subir los impuestos a quienes no pudieron comprar deuda: las futuras generaciones.  Tal y como concluye Robert Murphy en su excelente ensayo, “Government Debt and Future Generations”, serán nuestros hijos y nietos quienes crezcan en un entorno de elevada deuda pública, pagando la irresponsabilidad ajena de quienes pensaron que las políticas de gasto público no pueden generar desigualdades.

Es pertinente por tanto reconocer que las políticas públicas pueden generar y de hecho generan desigualdades entre los ciudadanos, aunque no sea esa la intención de los planificadores.

Esta realidad invita a valorar la dinámica de la economía de libre mercado, que entiende que la desigualdad no es un problema per se. El problema es la pobreza, y la mejor política que puede hacerse es generar un marco institucional con respeto a la propiedad privada, donde cada individuo asuma su responsabilidad y no la traslade a los colectivos más vulnerables.

El tan perseguido capital es el que permite disponer de la tecnología necesaria para incrementar la productividad de los trabajadores, elevando los salarios y con ello su renta disponible. Por ello, sólo favoreciendo el ahorro y la necesaria acumulación de capital las sociedades pueden progresar. Una lección que los planificadores deberían aprender…