El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha vuelto a ser objeto de críticas tras sus recientes declaraciones sobre el sistema de pensiones, asegurando que este esquema “no garantiza el nivel de pensiones que esperan los ciudadanos” en el largo plazo y recomendando a los jóvenes ahorrar para hacer frente a su jubilación. Las descalificaciones no se hicieron esperar por parte de casi todos los partidos políticos, tachando a Linde de catastrofista y  antipatriota.

Sin ánimo de que se me incluya en la lista de antipatriotas, lo cierto es que  las últimas medidas que la Unión Europea está realizando sobre los sistemas públicos de pensiones basados en el esquema “pay as you go” (transferencias intergeneracionales desde la población activa a la población jubilada) evidencian la realidad señalada por Linde:

• Retraso sucesivo de la edad de jubilación
• Endurecimiento de los requisitos para gozar del acceso a la pensión (en España, la obligación mínima de años cotizados ha evolucionado desde los 10 años hasta los 35 años actuales)
• Revalorización de las pensiones en base al denominado factor de sostenibilidad, un nuevo índice de actualización que abandona la evolución del IPC e impone un techo por encima del cual las pensiones no pueden subir (en España, se sitúa en una banda entre un mínimo del 0,25% y un máximo del IPC + 0,50 ).

Estos tres puntos resumen la agenda de la Unión Europea en materia de pensiones. Sin embargo, a pesar del indudable deterioro del modelo, la clase política afirma que Linde es un antipatriota, porque “el sistema es perfectamente sostenible…”

Una última pata que complementa el análisis económico y jurídico del sistema de pensiones es el que nos ofrece la escuela de Public Choice, de la mano del economista Mancur Olson y su estudio sobre la lógica de la acción colectiva. M.Olson trata los incentivos de los miembros de grandes colectivos en la toma de decisiones que articulan sus acciones individuales hacia un bien común o resultado de equilibrio. Las conclusiones de Olson se recogen en su obra The Logic of Collective Action (1965), conclusiones que nos permitimos aplicar en este post dentro del marco del sistema de pensiones.

El economista americano afirma que en aquellas organizaciones donde el número de participantes es muy grande– por ejemplo en el aparato burocrático del Estado-, el participante típico o normal sabe que sus esfuerzos propios no lograrán una diferencia sustancial en el resultado general. Es decir, en los grandes colectivos, las decisiones se convierten en bienes públicos donde los integrantes tienen un menor incentivo a participar cuanto mayor sea precisamente el número de integrantes en la toma de decisiones.

Olson pone como ejemplo de esta lógica a las grandes empresas privadas donde la propiedad es ostentada por los accionistas, si bien la gestión de las mismas es ejercida por los gerentes o tecnócratas. Por ello, cuando el número de accionistas es muy elevado, los ingresos de las acciones se convierten en bienes colectivos y el accionista individual tiene poco incentivo a preocuparse por las decisiones que se toman en la empresa cuando sabe que su participación es marginal y no podrá afectar al resultado final de forma determinante.

Este incentivo cobra fuerza si además consideramos el efecto del anónimo: el participante no puede conocer al resto de los integrantes en la organización, por lo cual no caben lazos de confianza que le muevan a actuar con responsabilidad en beneficio del grupo.

Aplicando esta tesis a los sistemas públicos de pensiones, resulta fácil advertir que la lógica de la acción colectiva en un sistema integrado por 17 millones de trabajadores en activo y más de 8 millones de pensionistas tenderá a ser forzosamente disfuncional, generando efectos no deseados:

• Riesgo moral: Como el trabajador devenga un derecho a percibir una pensión cuando alcance la edad de jubilación, la responsabilidad de cargar con esta obligación no será suya, sino de los trabajadores en activo que en ese momento sostengan a la población jubilada.
• Selección adversa: Además, fruto del denominado contrato social, la lógica de la acción colectiva implica que una de las partes contratantes, esto es, a quienes perjudica la dinámica del sistema “pay as you go” , no pueden votar en contra del mismo porque ni siquiera han nacido o no tienen edad legal para votar. Sin embargo, los votantes mayores tienen un alto interés en recibir sus pensiones porque ya han devengado ese derecho.
• Free riding: Los esquemas públicos de pensiones fomentan que los trabajadores se prejubilen lo antes posible, en el momento en que estiman que ganan lo mismo trabajando que con la pensión de jubilación. Esta penalización al trabajo favorece que la figura del “free rider” o “gorrón” sea cada vez más extendida. Los trabajos de Gruber y Wise estiman que en el periodo comprendido entre 1960 y 1990, la población trabajadora entre los 60 y 64 años de edad se redujo en un 30%.

Por tanto, observamos que la teoría de Olson nos ayuda a entender cómo el trabajador tiene incentivos perversos a abusar del propio sistema “pay as you go”, dado que la responsabilidad de su jubilación recae en terceros que ni siquiera conoce (recordemos el efecto del anónimo). Sin embargo, aquellos terceros que deben asimilar la cada vez más pesada carga de las pensiones poseen otro incentivo poderoso a participar dentro del sistema: estar obligados a ello.

Concluye Olson en su estudio que sólo mediante incentivos individuales y selectivos las personas se sentirán estimuladas a participar en el colectivo. Dichos incentivos individuales y selectivos van más allá de los estrictamente económicos, ya que existen otras motivaciones fuertes como son el reconocimiento y aceptación personales, el respeto y la amistad, que sin duda mueven a las personas a actuar por el bien del grupo. En consecuencia, Olson afirma que este tipo de incentivos podrán generarse estrictamente en grupos o colectivos reducidos, donde el miembro adquiera un sentido de pertenencia a la organización y conozca al resto de participantes, creando una red de confianza.

Esta explicación se confirma si atendemos a las alternativas informales que han aparecido en el mercado como contraste al sistema formal de pensiones. Nos estamos refiriendo al modelo de extended family (basado en un modelo de familia ampliada más allá del grupo nuclear, integrando a los abuelos, sobrinos, primos e incluso vecinos), cuya fórmula existe tanto en los países desarrollados como en aquellos países en vías de desarrollo (cabe mencionar aquí a Rendall y Bahchieva, que muestran el éxito de esta fórmula entre la población más envejecida del continente americano).

El extended family posee claras ventajas frente al sistema público de pensiones, siendo más efectivo en la resolución de problemas derivados de la información asimétrica. Todos los miembros de la familia se conocen y mantienen un contacto directo y constante. Asimismo, los lazos emocionales ofrecen incentivos fuertes a participar por el bien común del grupo. Como resultado, los efectos no deseados de riesgo moral, selección adversa o free riding se reducen considerablemente. Esto se traduce, por ejemplo, tal y como demuestra el economista Nugent, en que bajo el extended family los trabajadores no se jubilan antes de tiempo o tienen más hijos para que contribuyan al sostenimiento del colectivo.

El modelo de extended family y otras instituciones basadas en la confianza, tales como las mutuas y ciertas organizaciones privadas están jugando un papel cada vez más relevante. Un papel clave en el “desprendimiento” del sistema público de pensiones donde el mercado pueda ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo a partir de la participación activa de los miembros y con el ahorro real como vehículo de financiación.

Los últimos días están siendo especialmente críticos para la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea. Tras la llegada de Syriza al gobierno de Grecia, las negociaciones con los acreedores internacionales (la Troika) para tratar de resolver la insostenible situación de las finanzas griegas se han tornado en un peligroso “juego de gallinas”, cuyos fundamentos ya hemos examinado en este blog.

La praxis política que estamos presenciando evidencia el desenlace del juego: no habiendo estrategia claramente dominante sobre ninguna de las dos partes, Grecia y la Troika mantienen un proceso continuo de “presión-cesión”, cuyo último resultado desembocará en que, o bien uno de los dos jugadores pierda frente al otro, o bien ambos perderán por no llegar a un acuerdo.

El domingo  el pueblo griego celebra su referéndum para decidir el sí o el no a las condiciones impuestas por la Troika para mantener el rescate del país heleno. En este contexto, y frente al debate vacío de contenido sobre si los acreedores están siendo demasiado duros con Grecia, es preciso examinar los antecedentes de esta tragicomedia:

• La sociedad griega se encuentra altamente endeudada, con niveles del 112,4% de deuda privada sobre la renta disponible y de hasta el 179% de deuda pública sobre el PIB.
• El gasto público del Estado griego supone un 51,8% del PIB, una cifra tan sólo superada por Bélgica, Finlandia, Francia y Dinamarca en todo el conjunto de países de la OCDE.

A la vista de estos condicionantes, es forzoso concluir que, frente a lo que opina una gran mayoría, las políticas de austeridad no son responsables de la crisis griega, porque no ha habido austeridad alguna. De hecho, la capacidad de ahorro de las economías domésticas en Grecia es muy escasa, siendo los bancos totalmente dependientes de la financiación del Banco Central Europeo. El economista Javier Santacruz explica la lógica del control de capitales (el corralito) que el Banco Central Europeo está ejerciendo sobre el país, y que no es otra que evitar la salida de más reservas y contener el aumento de la deuda externa neta (la posición inversora internacional neta supera el -90% del PIB).

Las vías de actuación para corregir esta crisis de deuda son dos:

Subidas de impuestos: Syriza plantea una subida de impuestos a las rentas más altas. Sin embargo, con una renta disponible media de 26.016 dólares/per cápita (frente a otros países también rescatados como España o Irlanda, con una renta disponible media de 33.720 y 47.796 dólares/per cápita respectivamente), cuesta mucho pensar que subir los impuestos pueda tener efectos notorios.

Reducción del gasto público: Esta medida resulta harto complicada, especialmente a nivel político. Y es que nadie quiere asimilar que las obligaciones del Estado de Bienestar griego son insostenibles. Para gozar de una jubilación media a los 61 años y de otras prestaciones muy onerosas del gasto social griego, el trabajador ha de soportar que el 40% de su coste laboral sean impuestos. En consecuencia, no es posible generar empleo y la tasa de paro se halla en el 26,5 % de la población activa, mermando la competitividad de la economía. Por tanto, se precisan reformas estructurales del sistema de pensiones y de liberalización de los mercados que permitan reducir notablemente el peso de la administración.

Si Grecia decide no cambiar su modelo de Estado, es muy posible que salga del euro. Esto acarrea que tanto Europa como Grecia pierden. Desde luego, Grecia se tendría que preparar para un duro ajuste, ya que siendo un país tan dependiente del exterior, las importaciones se encarecerían de forma drástica, y la desconfianza internacional implicaría que la inversión extranjera buscase otros destinos.

Para la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea, la salida de Grecia no le supondría una pérdida demasiado grave en términos económicos. Los acreedores tendrán que asimilar la deuda incobrable, pero este escenario ya está descontado. Sin embargo, lo más significativo del GREXIT será la lección que todos aprenderemos: el euro exige una disciplina a los países miembros, una regla que no pueden saltarse. La vuelta a los nacionalismos monetarios constituye un incentivo perverso para los Estados, convirtiendo la política monetaria en un juguete para devaluar la moneda y evitar realizar las reformas de calado.

El euro implica que los gobiernos no pueden recurrir a manipular sus monedas para disfrazar los problemas bajo una competitividad falsa. La disciplina de una moneda única exige que los mercados han de ser flexibles y abiertos. Desde luego Europa tiene aún mucho recorrido en este sentido, y es de lamentar la actuación del Banco Central Europeo como prestamista de última instancia, habiendo permitido que los países miembro siguieran endeudándose ilimitadamente sin acometer reformas.

Por tanto, sea cual sea la decisión de Grecia, los europeos somos testigos de una realidad dura pero incuestionable: se acabó la demagogia (del griego demos-pueblo y ágo- conducir).