Fuente: Portada de Time reflejando el concepto de The New Abnormal Economy, de Nouriel Roubini

La crisis del coronavirus que estamos sufriendo en estos momentos ha sido calificada por algunos líderes europeos como el mayor desafío de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, y considerando la letalidad del virus, no se equivocan. Los fallecidos superan ya los 165.000 en el mundo, de los cuales más de 20.000 se concentran en España.

Esta pandemia está teniendo además un impacto que trasciende del ámbito sanitario y económico, ya que está revelando la improvisación continua de nuestros gobernantes, con una gestión muy discutible tanto en la prevención como en la mitigación del virus.

En medio de esta improvisación, en España, el presidente del Gobierno ha venido acuñando en las últimas semanas un término para referirse a la realidad que nos espera tras la desescalada de las medidas adoptadas para el confinamiento de los ciudadanos. Este término es el de “nueva normalidad”, que trata de expresar los cambios que previsiblemente habrán de condicionar la manera en que trabajamos, comerciamos, y, en definitiva, nos relacionamos unos con otros a partir de ahora.

Sin embargo, desde el punto de vista de la economía, el concepto de nueva normalidad del presidente Pedro Sánchez contrasta, paradójicamente, con el concepto (más robusto) de “nueva anormalidad”, definido por el economista Nouriel Roubini en el año 2016 para describir  los factores que caracterizan a la nueva economía mundial, destacando especialmente su bajo crecimiento (a un promedio anual del 2,8% desde el año 2011) y el tono sumamente “anormal” de las políticas económicas que tratan de mantener este crecimiento desde la crisis financiera del año 2008.

De este modo, la política monetaria orquestada por los principales Bancos Centrales del mundo, a través de sus diversos instrumentos de compra de deuda y tipos de interés cero (Zero Interest Rate Policy), ha permitido la generación de la mayor burbuja de deuda pública y privada de la historia, alcanzando los 255 trillones de dólares en 2019 (322% del PIB mundial). A su vez, el abaratamiento de esta financiación ha alimentado una política fiscal que trata de mantener el alto gasto que representa el Estado de Bienestar, cada vez más insostenible ante el envejecimiento de la población de las economías occidentales, especialmente en Europa.

Entendiendo el concepto de la nueva anormalidad, es evidente concluir que el margen de actuación de nuestros gobiernos para tratar de combatir el impacto económico del coronavirus es sumamente limitado.

El problema del coronavirus se concreta, en primer lugar, en un shock de oferta derivado de la paralización de buena parte de la producción de bienes y servicios. Pero, además, este shock de oferta también es acompañado en segundo lugar por un shock de demanda, producido por una reducción del consumo e inversión de los agentes económicos, que tienen unas expectativas racionales a aumentar la frugalidad (o reducir sus gastos) ante la incertidumbre y, por tanto, tienen una preferencia a mantener toda la liquidez que sea posible para el futuro.

Bajo este escenario, es seguro que la economía mundial entrará en recesión este año. Otra cuestión más difícil es determinar la duración de dicha recesión, la cual vendrá determinada por la famosa geometría del shock, sea ésta en “V”, “U” o “L”.

La clave para que la recuperación sea lo más rápida posible (en “V”) se encuentra en mantener la formación de capital. Es decir, si las empresas consiguen mantener la liquidez y hacer frente a los pagos de sus gastos y deudas corrientes a pesar de no tener ingresos mientras dure la paralización de la producción, una vez la pandemia finalice y la actividad económica se reanude, la recuperación podría volver en el año 2021.

En Europa, y más concretamente en España, un aspecto positivo a recalcar es que la economía privada (hogares y empresas) viene realizando un ajuste muy importante en los últimos años para desapalancarse. Por dar un ejemplo concreto, el conjunto de la deuda privada en España se encuentra actualmente en mínimos de 15 años, en torno al 153% del PIB. Además, la banca, principal acreedor de esta deuda, también ha mejorado sus principales ratios de capital, provisiones y morosidad, por lo que se encuentra mejor preparada que en el año 2008 para mantener el crédito y la liquidez a la economía real.

Sin embargo, atendiendo a la deuda pública, como ya hemos mencionado anteriormente, los niveles no han dejado de crecer en la última década, situándose en torno al 85% sobre el PIB en la Unión Europea y en el 98% del PIB en España.

Por ello, es necesario advertir de los riesgos asociados a las últimas medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que apuntan a la concesión de préstamos y a la mutualización de deuda pública sin condicionalidad por parte de los Estados que soliciten la ayuda. De este modo, la figura del euro como moneda única, que en su diseño original debía encorsetar a los responsables políticos para disciplinarles a hacer las reformas estructurales necesarias al verse privados de devaluar sus monedas o de recurrir a sus políticas inflacionistas, se ve sustituida por un riesgo moral perverso que conduce a los gobiernos a financiarse ilimitadamente a tipos de interés negativos y sin condicionalidad. Esta situación puede colapsar si los tenedores de deuda dejan de confiar en nuestra capacidad para pagar, lo que nos devolvería a una grave crisis de liquidez similar a la del año 2008.

En conclusión, una política que favorece el alto endeudamiento en un escenario en el que la producción de riqueza está paralizada, supone dotar de mayor insolvencia a los países. En cambio, una política en la buena dirección debe favorecer a que los agentes económicos mantengan liquidez a través de una reducción de impuestos, acompañada de un recorte en el gasto público que no comprometa las partidas de sanidad que puedan seguir haciendo frente al coronavirus.