Mucho tiempo llevan discutiendo nuestros políticos sobre la educación que necesita España, y sin embargo, ni los treinta y seis años de democracia han sido suficientes para que aprendan un mínimo de modales.

Porque no es admisible para un país que cada gobierno de turno tire por la borda las reformas educativas aprobadas por el gobierno anterior sin analizar su contenido; ni es respetuoso que un ministerio invada la esfera privada de los padres imponiendo el centro en el que sus hijos deben estudiar o los valores éticos que deben aprender; ni es responsable definir un plan de estudios sin atender las necesidades de todos los colectivos implicados en la gestión del capital humano.

Pongamos contexto a todo este embrollo:

El gasto público dedicado a educación en España es ligeramente inferior a la media de la OCDE (un 4,8% frente al 6%). Sin embargo, el gasto total en educación (público y privado) en términos de PIB per cápita es superior en España (un 29% frente al 27%). Por tanto, podemos afirmar que España realiza un esfuerzo similar a los países de la OCDE, tal y como muestran los datos del último informe “Education at Glance 2014”.

¿Y los resultados? España ha conseguido situarse a la cabeza en tasas de escolarización y de ciudadanos con titulación superior, en concreto, un 32% frente al 30% en la Unión Europea.

Otra cosa es la calidad de dicha educación, ya que del total de dichos titulados superiores, un 22,8% está en paro, frente al 7,5% de la OCDE y el 9,1% de la Unión Europea.

Si dedicamos los mismos recursos y obtenemos resultados tan deficientes, es lógico pensar que, evidentemente, el problema de la educación no es el gasto, sino su gestión.

Eric Hanushek, economista y profesor en la universidad de Stanford, demuestra la importancia del capital humano como determinante del crecimiento económico potencial en los países.  El éxito de la política educativa, afirma Hanushek, no puede basarse en la mera tasa de escolarización, sino en la calidad de los centros de enseñanza, en el profesorado y en el rendimiento de los estudiantes. De este modo, surgieron los test de rendimiento PISA y PIACC, donde España se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE.

La posesión de un título universitario no basta para garantizar una educación de calidad que permita a los jóvenes incorporarse al mercado laboral. Es preciso abandonar la política convencional y adoptar un sistema de aprendizaje basado en competencias.

En este terreno es preciso dirigirse al economista y Premio Nobel de economía James Heckman, cuya investigación confirma que las competencias o habilidades que garantizan el éxito en la vida personal y laboral han de ser desarrolladas desde la infancia. La formación es altamente inefectiva en adultos que carezcan de las competencias previas necesarias.

Definir cuáles son, en concreto, esas competencias clave, resulta más complicado. Sin embargo, la mayoría de economistas, pedagogos y científicos coinciden en que las habilidades “actitudinales” o transversales, como la motivación, empatía, integridad, comunicación, análisis crítico o resolución de problemas, juegan un papel cada vez más importante y centran la atención de las empresas que buscan el mejor talento.

Por supuesto, estas competencias permiten a los trabajadores adaptarse continuamente a las necesidades que surgen continuamente en un mundo cada vez más globalizado y dinámico.

El sistema de educación español ha de asumir esta realidad y preparar a los jóvenes para afrontar los retos de la llamada nueva economía del conocimiento.

Esto se traduce en un cambio integral del modelo. No es lógico que un ministerio o comité defina unos planes de asignaturas tan encorsetados y caducos como son los que caracterizan a nuestras instituciones educativas. Las evaluaciones de calidad del profesorado y de los centros son inexistentes y la comunicación entre dichas instituciones y las empresas demandantes de trabajo es escasísima. Por esta razón, gran parte del desempleo juvenil se explica porque las empresas no encuentran los perfiles que necesitan. El estudio “Education to Employment: Getting Europe´s Youth into Work” realizado por Mckinsey, revela que un 33% de los empleadores en España admiten no contratar a sus candidatos porque no disponen de las habilidades necesarias.

La alternativa pasa por una profunda liberalización de la educación, tal y como ocurre con la gestión de las Escuelas de Negocio. ¿Por qué las universidades españolas no existen más allá de las fronteras mientras que nuestras escuelas de negocios se reconocen entre las mejores del mundo? La explicación se encuentra en que existe una relación continua y directa entre las escuelas y las empresas. Un sistema libre y abierto a la competencia crea los incentivos a que el proveedor de educación se esfuerce en tener al mejor profesorado y en superar la calidad de sus planes y metodologías si no quiere ser expulsado del mercado.

Por el lado de los estudiantes, unos centros de alto rendimiento exigirán una sana meritocracia que les permita aumentar su productividad. En este sentido, la financiación de la educación mediante becas (públicas o privadas) responderá siempre a un esfuerzo real por parte del alumno, tal y como ocurre en los países nórdicos y anglosajones que cuentan con las universidades más prestigiosas y los indicadores más altos de calidad de educación.

La inversión en capital humano ha de realizarse con criterios de racionalidad si queremos obtener rendimiento de ella y evitar la expulsión de los jóvenes españoles del país. Esto exige un ejercicio de humildad por parte de los responsables políticos que han convertido la educación en una batalla ideológica que está mermando el futuro de la generación perdida.

Porque la educación es demasiado importante para todos nosotros, más allá de los buenos modales.

El partido político Ciudadanos ha cobrado una relevancia explosiva en las últimas semanas, situándose como alternativa de gobierno de España frente al bipartidismo que, a ojos de los españoles, es la principal causa de la corrupción institucional, y frente a “Podemos”, cuyas recetas comienzan a ser temidas conforme aprendemos cómo funciona la economía y presenciamos el primer “fracaso” de su homólogo Syriza en Grecia. El ministro heleno de finanzas Varoufakis se ha visto obligado a “ceder” en su sofisticado modelo de juego de gallinas y pasar por reconocer a la Troika y continuar la agenda de reformas para lograr la ampliación del rescate.

En este contexto,  el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha fichado a su “Garifakis”: el prestigioso economista Luis Garicano, que hace dos semanas  presentó sus propuestas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un programa económico muy alejado de Syriza y Podemos.

Si bien se ha escrito mucho sobre cuál es la ideología política de Ciudadanos o qué consecuencias tendrían sus medidas, es preciso dejar claro en primer lugar que Garicano tiene en el punto de mira el problema central de la economía española: la crisis de endeudamiento público y privado.

Enfocar el programa económico en torno al eje del endeudamiento implica, a nuestro modo de ver, dos corolarios:

• Negar la mayor del discurso político e intelectual: El problema no es la escasez de demanda agregada ni su estímulo a través de incrementar el gasto público o inundar el mercado con bonos.
• La política económica debe tratar de favorecer la generación de ahorro real y genuino que consolide el crecimiento económico liberando recursos para la inversión productiva, lo cual implica rechazar la visión cortoplacista.

Las propuestas que anunció Garicano constituyen tan sólo un borrador de su programa definitivo, sin embargo es relevante poder centrar algunas de sus ideas y desmenuzarlas en detalle para comprender qué acciones concretas se plantean en el ámbito de su gestión:

En el mercado laboral, Garicano propone un contrato único indefinido con indemnizaciones crecientes. La finalidad de esta propuesta es clara desde el punto de vista de la oferta de factor trabajo: reducir la temporalidad de los trabajadores. Desde el lado de la demanda de factor trabajo, el contrato único favorece que los empresarios realicen un cálculo económico eficiente. La regulación española ha demostrado ser demasiado rígida y compleja, con tal multiplicidad de contratos en aras de proteger al trabajador que realmente lo que han producido son rigideces y desincentivos a la contratación. No habiendo trabajadores que proteger, se pasó a subsidiar a un número cada vez mayor de desempleados.

Asimismo, por el lado de los “outsiders” (los que salen del mercado laboral), España sigue teniendo uno de los costes de despidos más caros de Europa. Garicano propone, en lugar de atacar el problema de raíz (rindiéndose a las causas institucionales e históricas que admitió Keynes),  compensar esta desventaja con una bonificación a las empresas que despidan menos trabajadores.  Esto sin embargo puede resultar más complejo en la tarea de determinar si el efecto sustitución de dicha bonificación compensa el coste del despido en determinadas empresas.

Otra medida para combatir el desempleo es la famosa fórmula de la mochila austriaca, que consiste en que cada empresario aporte una pequeña cuantía del salario del trabajador dentro de un fondo que sirva para complementar el coste de las indemnizaciones en caso de despido.

Es una lástima que Garicano no coja el toro por los cuernos y se atreva a proponer un abaratamiento de los costes de despido para que el mercado sea más flexible. Tampoco se ha pronunciado el economista, de momento, sobre una reducción de las cotizaciones sociales para fomentar la contratación. Con un mercado flexible en el que los “insiders” y “outsiders” llenan y vacían continuamente el mercado laboral, el paro friccional (periodo de tiempo que transcurre desde que un individuo abandona un trabajo hasta que encuentra uno nuevo) tiende a ser muy reducido.

Una alternativa valiente debería dirigirse a establecer una mochila austriaca para las pensiones que permitan una reducción importante de las cotizaciones sociales. Es decir, fomentar los planes de pensiones privados, cuya naturaleza ha demostrado ser mucho más eficiente en la financiación de los seguros de vida hasta tal punto  que en la actualidad, los Estados intentan recurrir a algunas de sus fórmulas para mantener los sistemas de reparto. Me estoy refiriendo al fondo de reserva de la Seguridad Social, que no es más que una copia de la llamada “reserva matemática” propia de los seguros privados de vida, o a los cambios de gestión en algunos países enfocados a asesorar a los beneficiarios de pensiones y otras prestaciones para que elaboren un plan de ahorro como complemento necesario. No hay mejor modo de incentivar el ahorro que un sistema de capitalización, sin medias tintas.

La tercera gran pata de reformas laborales se centra en la formación.  Para reducir el paro de larga duración, Garicano apuesta por una formación de calidad cambiando el modelo  actual de formación subvencionado por sindicatos y organizaciones empresariales y sustituyéndolo por “poner el dinero en manos de los trabajadores y que los proveedores de educación compitan por ellos”. Garicano copia esta política aplicada desde hace ya varios años en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y otros países europeos y que consiste en unos bonos o cheques de formación cofinanciados por el Estado y la empresa a disposición del trabajador, quien podrá emplearlos para formarse en un centro a su elección, favoreciendo la competencia. Sin embargo, los centros “elegibles” han de pasar con anterioridad un control público para que puedan participar en el programa.

Aunque resulte políticamente incorrecto, es preciso reconocer que la experiencia en otros países no ha ofrecido resultados concluyentes, ya que es muy difícil incentivar a los trabajadores de cierta edad a formarse cuando no asimilan parte del coste.

Una reforma de calado que Ciudadanos debería estudiar es acercar el sistema de formación a las demandas de mercado, especialmente para el caso de los jóvenes. De nada sirve que la administración pública defina los contenidos o los centros que deben formar a los trabajadores si el mercado no demanda dichos contenidos o sistemas de educación. El incentivo más potente para que los centros de formación, universidades y escuelas ofrezcan una educación de calidad únicamente puede lograrse mediante la liberalización . La competencia libre de barreras de entrada reduciría los precios de la enseñanza y el papel del Estado debería limitarse a financiar la educación a aquellas personas que no puedan procurársela por medios propios.

España es el país de la Unión Europea con mayor fuerza laboral de baja cualificación. Si queremos ser más productivos, el capital humano es un factor crucial para aportar valor añadido a nuestro trabajo. Sin embargo, la agenda educativa sigue siendo el mayor ejemplo de inactividad de nuestros responsables políticos, supeditando la ideología a la realidad.

Por último, para conseguir reducir la deuda privada, la propuesta más importante de Ciudadanos es la dación en pago. Esta fórmula consiste en que, en caso de fracaso de refinanciación de préstamos hipotecarios, se pueda obligar al banco a aceptar el inmueble  hipotecado a un precio igual al 100% del valor de mercado, sea cual sea dicho valor en ese momento. El mayor inconveniente de esta medida se produciría si se aplica la retroactividad de la norma, ya que supondría que todos los ciudadanos que hemos rescatado a una parte de los bancos (antiguas cajas de ahorros) estaríamos subvencionando la irresponsabilidad de quienes se hipotecaron en los años de la burbuja cuando no debieron hacerlo. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias ha sido y es la manera más coactiva de financiar los errores del sector público.

Respecto al endeudamiento del sector público, Garicano no concretó ninguna medida, algo que pone en duda su postura en materia de gasto público e impuestos. Sin embargo, es de esperar que se propongan medidas de ajuste y reducción de gasto. Un diagnóstico coherente de la situación implica reconocer que no hay más margen de ajuste por el lado de los ingresos públicos.

En conclusión, esperamos haber demostrado que si bien los objetivos planteados por Ciudadanos con Garicano a la cabeza son sin duda resultado de un análisis correcto de la situación económica de España (algo que es muy pertinente reconocer), sus medidas se configuran como una serie de parches que no atacan la raíz del problema y que dan lugar a muchas salvedades desde el punto de vista de la política económica liberal.

Ciudadanos establece unas reformas socialdemócratas que se quedan en el medio camino y que pueden perpetuar y empeorar los problemas estructurales de la economía española.

Confío en  que las propuestas definitivas sean más ambiciosas y que Ciudadanos apueste por un modelo de economía de libre mercado.