Mucho tiempo llevan discutiendo nuestros políticos sobre la educación que necesita España, y sin embargo, ni los treinta y seis años de democracia han sido suficientes para que aprendan un mínimo de modales.

Porque no es admisible para un país que cada gobierno de turno tire por la borda las reformas educativas aprobadas por el gobierno anterior sin analizar su contenido; ni es respetuoso que un ministerio invada la esfera privada de los padres imponiendo el centro en el que sus hijos deben estudiar o los valores éticos que deben aprender; ni es responsable definir un plan de estudios sin atender las necesidades de todos los colectivos implicados en la gestión del capital humano.

Pongamos contexto a todo este embrollo:

El gasto público dedicado a educación en España es ligeramente inferior a la media de la OCDE (un 4,8% frente al 6%). Sin embargo, el gasto total en educación (público y privado) en términos de PIB per cápita es superior en España (un 29% frente al 27%). Por tanto, podemos afirmar que España realiza un esfuerzo similar a los países de la OCDE, tal y como muestran los datos del último informe “Education at Glance 2014”.

¿Y los resultados? España ha conseguido situarse a la cabeza en tasas de escolarización y de ciudadanos con titulación superior, en concreto, un 32% frente al 30% en la Unión Europea.

Otra cosa es la calidad de dicha educación, ya que del total de dichos titulados superiores, un 22,8% está en paro, frente al 7,5% de la OCDE y el 9,1% de la Unión Europea.

Si dedicamos los mismos recursos y obtenemos resultados tan deficientes, es lógico pensar que, evidentemente, el problema de la educación no es el gasto, sino su gestión.

Eric Hanushek, economista y profesor en la universidad de Stanford, demuestra la importancia del capital humano como determinante del crecimiento económico potencial en los países.  El éxito de la política educativa, afirma Hanushek, no puede basarse en la mera tasa de escolarización, sino en la calidad de los centros de enseñanza, en el profesorado y en el rendimiento de los estudiantes. De este modo, surgieron los test de rendimiento PISA y PIACC, donde España se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE.

La posesión de un título universitario no basta para garantizar una educación de calidad que permita a los jóvenes incorporarse al mercado laboral. Es preciso abandonar la política convencional y adoptar un sistema de aprendizaje basado en competencias.

En este terreno es preciso dirigirse al economista y Premio Nobel de economía James Heckman, cuya investigación confirma que las competencias o habilidades que garantizan el éxito en la vida personal y laboral han de ser desarrolladas desde la infancia. La formación es altamente inefectiva en adultos que carezcan de las competencias previas necesarias.

Definir cuáles son, en concreto, esas competencias clave, resulta más complicado. Sin embargo, la mayoría de economistas, pedagogos y científicos coinciden en que las habilidades “actitudinales” o transversales, como la motivación, empatía, integridad, comunicación, análisis crítico o resolución de problemas, juegan un papel cada vez más importante y centran la atención de las empresas que buscan el mejor talento.

Por supuesto, estas competencias permiten a los trabajadores adaptarse continuamente a las necesidades que surgen continuamente en un mundo cada vez más globalizado y dinámico.

El sistema de educación español ha de asumir esta realidad y preparar a los jóvenes para afrontar los retos de la llamada nueva economía del conocimiento.

Esto se traduce en un cambio integral del modelo. No es lógico que un ministerio o comité defina unos planes de asignaturas tan encorsetados y caducos como son los que caracterizan a nuestras instituciones educativas. Las evaluaciones de calidad del profesorado y de los centros son inexistentes y la comunicación entre dichas instituciones y las empresas demandantes de trabajo es escasísima. Por esta razón, gran parte del desempleo juvenil se explica porque las empresas no encuentran los perfiles que necesitan. El estudio “Education to Employment: Getting Europe´s Youth into Work” realizado por Mckinsey, revela que un 33% de los empleadores en España admiten no contratar a sus candidatos porque no disponen de las habilidades necesarias.

La alternativa pasa por una profunda liberalización de la educación, tal y como ocurre con la gestión de las Escuelas de Negocio. ¿Por qué las universidades españolas no existen más allá de las fronteras mientras que nuestras escuelas de negocios se reconocen entre las mejores del mundo? La explicación se encuentra en que existe una relación continua y directa entre las escuelas y las empresas. Un sistema libre y abierto a la competencia crea los incentivos a que el proveedor de educación se esfuerce en tener al mejor profesorado y en superar la calidad de sus planes y metodologías si no quiere ser expulsado del mercado.

Por el lado de los estudiantes, unos centros de alto rendimiento exigirán una sana meritocracia que les permita aumentar su productividad. En este sentido, la financiación de la educación mediante becas (públicas o privadas) responderá siempre a un esfuerzo real por parte del alumno, tal y como ocurre en los países nórdicos y anglosajones que cuentan con las universidades más prestigiosas y los indicadores más altos de calidad de educación.

La inversión en capital humano ha de realizarse con criterios de racionalidad si queremos obtener rendimiento de ella y evitar la expulsión de los jóvenes españoles del país. Esto exige un ejercicio de humildad por parte de los responsables políticos que han convertido la educación en una batalla ideológica que está mermando el futuro de la generación perdida.

Porque la educación es demasiado importante para todos nosotros, más allá de los buenos modales.