La semana pasada, Pablo Echenique, diputado del partido de Unidas Podemos, anunció a través de su twitter la muerte de la austeridad en España, en relación al incremento histórico de más de un 50% sobre techo de gasto de las Administraciones Públicas que el Gobierno ha fijado en aras de frenar la recesión por el impacto económico del coronavirus. Dicho incremento supone pasar de los 125.000 millones de euros en 2019 hasta los 196.000 millones en 2020. Buena parte de este incremento se debe al fondo de recuperación que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados Miembro como consecuencia de la crisis, estimado en unos 750.000 millones de euros, para lo cual, la Comisión Europea tendrá que emitir deuda en los mercados financieros con el aval del presupuesto comunitario.

En este contexto, cabe preguntarse si la muerte de la austeridad proclamada por Pablo Echenique y otros miembros de nuestra clase política, es una afirmación real o si, en cambio, se trata de mero triunfalismo político después de años denunciando las políticas de recortes como receta “neoliberal” para la salida de la crisis financiera de 2008. Para responder a esta pregunta, es necesario analizar cómo se sitúa el gasto público de España con respecto a los países de su entorno, y, además, observar cuál ha sido su comportamiento durante los últimos años.

La ratio que todos los economistas utilizan para este ejercicio es el gasto público sobre PIB. De este modo, utilizando los datos de la OCDE, observamos la evolución de España en tres hitos principales:

1. En el año 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera, España presentaba un gasto público sobre PIB del 39.25%, situándose en ese año dos puntos por debajo de la media del resto de países que componen la OCDE (41.27%)
2. Posteriormente, con el inicio de la crisis de 2008, la acción de los estabilizadores automáticos para combatir el ciclo y de las políticas de estímulo de la demanda efectuadas por el gobierno, unido a la caída del PIB, incrementaron la ratio hasta el 48.65% en el año 2012, situándose en este caso en casi cuatro puntos por encima de la media de la OCDE (44.88%)
3. Entre 2013 y 2018, cuando se produce la fase de recuperación de la actividad económica, el crecimiento del PIB y del empleo permiten aliviar el efecto de los estabilizadores automáticos y reducir progresivamente el gasto público sobre el PIB hasta el 41.70% en 2018, estando en línea con la media de la OCDE (42.15%)

A la vista de estos datos, resulta interesante recalcar que España, lejos de haber seguido una política económica “austera” durante los años de la Gran Recesión, con los últimos datos disponibles de la OCDE del año 2018, tiene un gasto público mayor que en los años previos a la crisis, con un incremento del 6.2% entre 2007 y 2018. Además, si comparamos este incremento de nuestra ratio entre 2007 y 2018 con el resto de los miembros de la OCDE, vemos que España ocupa el décimo puesto de los países donde más ha crecido el gasto público, situándose por delante de países como Francia (país poco sospechoso de ser calificado como “austero”), Italia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido.

Esta conclusión queda además reforzada cuando atendemos a otros indicadores complementarios como el déficit público, que en 2019 fue del 2.8% sobre el PIB, y la deuda pública, donde España ocupa uno de los primeros puestos del mundo con un 95.5% del PIB en 2019.

Por tanto, si bien proclamar la muerte de la austeridad puede ser un poderoso argumento para obtener rédito político y así justificar un mayor peso del Estado sobre la economía productiva, la realidad muestra que sencillamente dicha austeridad no se ha producido en España.

Las perspectivas a futuro no marcan ni mucho menos un cambio de tendencia en este sentido. Así, al nuevo gasto anunciado de las Administraciones Públicas (196.000 millones de euros) falta sumarle el gasto del resto de entes del Estado, como es el caso de la Seguridad Social, Organismos Autónomos, etc. Además, añadiendo el gasto financiero y el resto de partidas y transferencias, es muy probable que el gasto público total llegue al entorno de los 580.000 millones de euros en el año 2021.

Teniendo en cuenta este gasto, y asumiendo los últimos datos estimados del FMI para España, con una caída del 12.8% del PIB en 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19, y una recuperación del 7.2% en 2021, es muy probable que el gasto público sobre PIB supere máximos históricos hasta llegar al entorno del 50% en el año 2021, lo que podría conducirnos a una insostenibilidad de las finanzas públicas que desemboque en una crisis de deuda soberana grave en el medio y largo plazo.

Fuente: Portada de Time reflejando el concepto de The New Abnormal Economy, de Nouriel Roubini

La crisis del coronavirus que estamos sufriendo en estos momentos ha sido calificada por algunos líderes europeos como el mayor desafío de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, y considerando la letalidad del virus, no se equivocan. Los fallecidos superan ya los 165.000 en el mundo, de los cuales más de 20.000 se concentran en España.

Esta pandemia está teniendo además un impacto que trasciende del ámbito sanitario y económico, ya que está revelando la improvisación continua de nuestros gobernantes, con una gestión muy discutible tanto en la prevención como en la mitigación del virus.

En medio de esta improvisación, en España, el presidente del Gobierno ha venido acuñando en las últimas semanas un término para referirse a la realidad que nos espera tras la desescalada de las medidas adoptadas para el confinamiento de los ciudadanos. Este término es el de “nueva normalidad”, que trata de expresar los cambios que previsiblemente habrán de condicionar la manera en que trabajamos, comerciamos, y, en definitiva, nos relacionamos unos con otros a partir de ahora.

Sin embargo, desde el punto de vista de la economía, el concepto de nueva normalidad del presidente Pedro Sánchez contrasta, paradójicamente, con el concepto (más robusto) de “nueva anormalidad”, definido por el economista Nouriel Roubini en el año 2016 para describir  los factores que caracterizan a la nueva economía mundial, destacando especialmente su bajo crecimiento (a un promedio anual del 2,8% desde el año 2011) y el tono sumamente “anormal” de las políticas económicas que tratan de mantener este crecimiento desde la crisis financiera del año 2008.

De este modo, la política monetaria orquestada por los principales Bancos Centrales del mundo, a través de sus diversos instrumentos de compra de deuda y tipos de interés cero (Zero Interest Rate Policy), ha permitido la generación de la mayor burbuja de deuda pública y privada de la historia, alcanzando los 255 trillones de dólares en 2019 (322% del PIB mundial). A su vez, el abaratamiento de esta financiación ha alimentado una política fiscal que trata de mantener el alto gasto que representa el Estado de Bienestar, cada vez más insostenible ante el envejecimiento de la población de las economías occidentales, especialmente en Europa.

Entendiendo el concepto de la nueva anormalidad, es evidente concluir que el margen de actuación de nuestros gobiernos para tratar de combatir el impacto económico del coronavirus es sumamente limitado.

El problema del coronavirus se concreta, en primer lugar, en un shock de oferta derivado de la paralización de buena parte de la producción de bienes y servicios. Pero, además, este shock de oferta también es acompañado en segundo lugar por un shock de demanda, producido por una reducción del consumo e inversión de los agentes económicos, que tienen unas expectativas racionales a aumentar la frugalidad (o reducir sus gastos) ante la incertidumbre y, por tanto, tienen una preferencia a mantener toda la liquidez que sea posible para el futuro.

Bajo este escenario, es seguro que la economía mundial entrará en recesión este año. Otra cuestión más difícil es determinar la duración de dicha recesión, la cual vendrá determinada por la famosa geometría del shock, sea ésta en “V”, “U” o “L”.

La clave para que la recuperación sea lo más rápida posible (en “V”) se encuentra en mantener la formación de capital. Es decir, si las empresas consiguen mantener la liquidez y hacer frente a los pagos de sus gastos y deudas corrientes a pesar de no tener ingresos mientras dure la paralización de la producción, una vez la pandemia finalice y la actividad económica se reanude, la recuperación podría volver en el año 2021.

En Europa, y más concretamente en España, un aspecto positivo a recalcar es que la economía privada (hogares y empresas) viene realizando un ajuste muy importante en los últimos años para desapalancarse. Por dar un ejemplo concreto, el conjunto de la deuda privada en España se encuentra actualmente en mínimos de 15 años, en torno al 153% del PIB. Además, la banca, principal acreedor de esta deuda, también ha mejorado sus principales ratios de capital, provisiones y morosidad, por lo que se encuentra mejor preparada que en el año 2008 para mantener el crédito y la liquidez a la economía real.

Sin embargo, atendiendo a la deuda pública, como ya hemos mencionado anteriormente, los niveles no han dejado de crecer en la última década, situándose en torno al 85% sobre el PIB en la Unión Europea y en el 98% del PIB en España.

Por ello, es necesario advertir de los riesgos asociados a las últimas medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que apuntan a la concesión de préstamos y a la mutualización de deuda pública sin condicionalidad por parte de los Estados que soliciten la ayuda. De este modo, la figura del euro como moneda única, que en su diseño original debía encorsetar a los responsables políticos para disciplinarles a hacer las reformas estructurales necesarias al verse privados de devaluar sus monedas o de recurrir a sus políticas inflacionistas, se ve sustituida por un riesgo moral perverso que conduce a los gobiernos a financiarse ilimitadamente a tipos de interés negativos y sin condicionalidad. Esta situación puede colapsar si los tenedores de deuda dejan de confiar en nuestra capacidad para pagar, lo que nos devolvería a una grave crisis de liquidez similar a la del año 2008.

En conclusión, una política que favorece el alto endeudamiento en un escenario en el que la producción de riqueza está paralizada, supone dotar de mayor insolvencia a los países. En cambio, una política en la buena dirección debe favorecer a que los agentes económicos mantengan liquidez a través de una reducción de impuestos, acompañada de un recorte en el gasto público que no comprometa las partidas de sanidad que puedan seguir haciendo frente al coronavirus.