La parte contratante de la primera parte

groucho

Quizás uno de los motivos más razonables para repugnar la economía (y a quienes nos dedicamos a ella) es que, a menudo, muchas de las afirmaciones que comúnmente aceptamos como categóricas son en realidad grandes mentiras que, como titanes con pies de barro, se derrumban en el momento de cuestionar los cimientos sobre las que se asientan.
Por ello los economistas acostumbramos a disfrazar nuestros argumentos de un lenguaje pedante y complejo, con el fin de pasar inadvertidos o de reforzar nuestras conclusiones.

Siguiendo esta línea, una de las mayores falacias que hoy en día oímos en boca de quienes diseñan la política económica es el famoso “contrato social“. Examinemos bien el término: contrato (como acuerdo libre de voluntades); social (derivado de la sociedad civil).
Sinceramente, ¿quién en su sano juicio se atrevería a plantearse el contrato social? Sólo pronunciar el concepto en voz alta le produce al interlocutor una sensación de autoridad legítima. Y es que nadie puede ir en contra de un acuerdo pactado voluntariamente por todos los miembros de la sociedad, salvo que sea un necio.

En derecho o en política, la teoría del contrato social se emplea para justificar el origen y tareas del Estado moderno. Autores como Rousseau, Hobbes o Locke conciben la aparición del Estado como la única solución para garantizar el orden social. El hombre es un lobo para el hombre, por lo que ha de intervenir un ente superior que garantice la ausencia de conflictos entre los individuos y encamine a la sociedad al progreso.
Posteriormente la utilidad del contrato social se ha ido extendiendo para justificar la provisión de ciertos servicios que por su naturaleza estratégica para la economía, ha de ser realizada siempre por los gobiernos.
Un ejemplo reciente de la importancia de este topic está protagonizado por el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando recientemente se manifestó sobre la cuestión de la sostenibilidad de las pensiones públicas al afirmar que : “El sistema de pensiones forma parte del contrato social que nos hemos dado los españoles“.

¿Cuáles son los cimientos del contrato social? Podemos destacar sus dos hipótesis: Racionalismo y Constructivismo.
El racionalismo supone pensar que alguien (individuo o colectivo) puede alcanzar todo conocimiento a través de la razón, la cual se sirve de una información que siempre está dada.
El constructivismo afirma que es posible diseñar la sociedad vía mandatos y que las instituciones sociales más importantes sólo tienen cabida cuando son definidas y articuladas por el Estado.

Sin embargo, y a pesar de que me acusen de necio, un análisis crítico de estos fundamentos evidencia que el contrato social es, en efecto, una falacia.
Los procesos sociales son tan complejos que no es posible que haya ningún órgano capaz de coordinar los comportamientos, gustos y expectativas de los individuos, precisamente porque nuestro conocimiento es limitado. Los individuos aprendemos porque cometemos errores, y la información será siempre subjetiva, no pudiendo ser almacenada ni procesada por ningún equipo informático, por avanzado que sea (tal y como llegó a pensar el Premio Nobel Samuelson en su vejez).

Carl Menger y Edmund Burke dieron una lección de humildad intelectual a los científicos sociales cuando descubrieron que aquellas instituciones que mejor sirven a la sociedad, como son el lenguaje, la moral, el derecho, el dinero, etc, son instituciones que no han sido creadas deliberadamente, sino a través de un órden espontáneo en el curso de las acciones de miles de millones de personas a lo largo de la historia.

Recientemente otro economista muy polémico, Nassim Taleb, afirma en sus trabajos (“The Black Swan” y “Antifragile”) que los fenómenos sociales están plagados de “cisnes negros”, es decir, hechos totalmente imprevistos y que no pueden ser advertidos ni estimados por los economistas, aunque vayan en traje y estén equipados con la mejor tecnología. Son las instituciones que surgen espontáneamente las que permiten transmitir mejor el aprendizaje a las personas, gracias a la tradición y, como estudió Hayek, a los principios generales del derecho.

Por ello, derrumbados los cimientos, el concepto de contrato social no puede justificar en modo alguno que el Estado haya de provisionar ciertos servicios públicos argumentando simplemente que si no los provee el Estado, nadie los proveerá.
La historia ha dado ya innumerables ejemplos de cómo los individuos son capaces de encontrar alternativas mucho más eficientes y beneficiosas para los miembros de la sociedad.

Siguiendo el ejemplo de de Guindos, el sistema de pensiones, de ser un contrato, dispone como aquella “parte contratante de la primera parte” (siguiendo el famoso gag de Groucho Marx) a una población que aún no ha nacido y que tendrá que sostener en un futuro próximo a una carga cada vez más pesada de jubilados. Es preciso poner ya sobre la mesa las muchas iniciativas que se están aplicando en otros países y que están permitiendo la entrada de una privatización paulatina de los fondos de pensiones. Si podemos exigirles a los ciudadanos la responsabilidad de elegir gobiernos, creo que es forzoso concluir que podrán ocuparse de sus finanzas personales.

En conclusión, considero que en el actual contexto de crisis del Estado, es necesario abrir un debate legítimo acerca de si aquello que es público, ha de seguir siendo público, simplemente porque siempre ha sido público.

Porque este asunto del contrato social es, siguiendo a Groucho, algo tan confuso que es mejor romperlo.

Un comentario en “La parte contratante de la primera parte

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