El mito oscurantista de la Seguridad

panoptico

Dedico este post a la memoria de Gustavo Bueno, filósofo español y asturiano de pro, recientemente fallecido, dos días después de la muerte de su esposa. Como diría otro filósofo, el corazón tiene razones que la razón no entiende. El profesor Bueno fue acuñador y divulgador del término mito oscurantista, un concepto de gran interés para el caso que nos ocupa en este artículo.

Si hay una necesidad humana, más allá de aquellas estrictamente biológicas, que se ha mantenido intacta a lo largo de la historia, esa es la necesidad de la seguridad. Así de claro lo manifiesta en su artículo,  “De la production de la  sécurité” (“Sobre la producción de la seguridad”), el economista Gustave de Molinari (1819-1912), miembro de la Escuela Liberal Francesa y contemporáneo de Fréderic Bastiat.

Trágicamente, los acontecimientos que se están produciendo en el mundo actualmente no hacen sino acrecentar aún más el valor de esta necesidad por parte de los individuos. El terrorismo islámico en Europa o Estados Unidos, el narcotráfico o los homicidios en Latinoamérica, son sólo algunos ejemplos de la peligrosa situación que los ciudadanos tienen que afrontar: una inseguridad ciudadana que no siempre tiene un actor claramente identificado, y, ni mucho menos, delimitado territorialmente.

La realidad tecnológica y armamentística ha cambiado las reglas del juego: si bien antes los conflictos armados se resolvían “a juicio de Dios” entre los ejércitos, ya fuese en una trinchera o en cualquier otro campo de batalla, hoy en día los ataques recaen sobre población civil inocente, en un campo de batalla sin fronteras que abarca cualquier espacio. Las grandes ciudades constituyen el principal foco de terrorismo, cuando hace siglos eran garantía de seguridad y protección de la población.

Estos “tiempos líquidos”, parafraseando a Zygmunt Bauman, arrojan una poderosa incertidumbre presente y futura que ha servido como pretexto para reforzar aún más el poder de los Estados en aras de proteger a sus ciudadanos.

La protección de la defensa y la seguridad nacional es una de las escasas funciones que los liberales clásicos entienden que debe ser competencia del Estado. Ahora bien, sin pretender alejarnos de este ámbito, es necesario, cuanto menos, advertir cuáles son los fundamentos y posibles riesgos del denominado monopolio de la violencia.

Como ya hemos planteado en diversas ocasiones, resulta difícil entender la razón por la que ciertos monopolios, como el de provisión de la defensa y seguridad, son aislados del análisis económico convencional, a pesar del perjuicio que le suponen al consumidor. Este hecho ha contribuido a generar un verdadero mito oscurantista en torno a la seguridad.

Un mito oscurantista se constituiría, siguiendo a Gustavo Bueno, como aquella declaración, enunciado o estado de una cosa, que si bien no se ha demostrado lógicamente, se reivindica como una verdad práctica para el conjunto de la sociedad.

Gustave de Molinari trata de encontrar explicación a este mito cuando afirma que “en todas partes, la producción de la seguridad comenzó organizándose como monopolio, y en todas partes tiende, hoy en día, a organizarse de manera comunista”. Una explicación poco satisfactoria, pero que se repite en torno a muchos de los bienes y servicios públicos.

Fuera del análisis económico, existe una razón que justifica el monopolio de la seguridad en manos del Estado. Esta justificación nace del Derecho, dentro de la Teoría del Estado. Desde un punto de vista jurídico, la configuración de un Estado debe albergar tres elementos, a saber: poder o defensa, territorio y población. Es decir, sólo el “poder” debe ser ostentado por el Estado en forma de monopolio de violencia.

Esta última proposición encuentra su fundamento en la tradición hobbesiana que describe la sociedad como un estado permanente de guerra de todos contra todos. Homo homini lupus, o “el hombre es un lobo para el hombre”, constituye la máxima sobre la cual juristas y filósofos políticos conciben un Estado que debe velar por la paz frente a la naturaleza violenta de los hombres.

No obstante, es fácil advertir la inconsistencia de este planteamiento. Compartiendo la crítica de Hoppe en “The Myth of Defense”, ¿acaso el Estado no está formado por aquellos mismos hombres de naturaleza conflictiva? Siguiendo la lógica hobbesiana, otorgar un monopolio de poder a un Estado formado por hombres derivará en un mayor incentivo de resolver los conflictos de manera violenta.

Habiendo desvelado las incongruencias del monopolio de seguridad, que no encuentra una lógica desde el punto de vista económico, sino que obedece a un interés estrictamente político, podemos ser más conscientes de los riesgos que entraña acrecentar el peso de dicho monopolio para la libertad de los ciudadanos.

Volviendo a los tres elementos (poder o defensa, territorio, población) que configuran el Estado, comprobamos cómo hoy en día los gobiernos que representan dicho Estado están acrecentado su poder. En el terreno político, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, promete incrementar la soberanía levantando murallas en la frontera con México (territorio), expulsando del país a aquellas personas que no comparten los vínculos culturales americanos (población) e incrementando el gasto militar (defensa).

De esta manera, nos encontramos en una escena orwelliana de la novela “1984”, donde la realidad sí supera la ficción. El panóptico diseñado por el filósofo Jeremy Bentham, que se constituyó como una fórmula de arquitectura carcelaria donde los reos eran vigilados constantemente sin saber que eran observados, funciona hoy con mayor fuerza. En aras de garantizar la seguridad, el Estado se ha permitido invadir paulatinamente la esfera privada de los individuos, controlando sus movimientos y albergando una gran cantidad de información privada para tratar de obtener patrones de conducta.

El discurso convencional afirma que una mayor seguridad sólo puede obtenerse a costa de menor libertad. Si queremos que el Estado garantice nuestra protección frente a terceros, debemos pagar este precio. De este modo, tal y como manifiesta el filósofo Antonio Escohotado, el miedo ha empujado a los ciudadanos hacia todo tipo de servidumbres.

Por tanto, es preciso entender que la praxis del monopolio de la violencia es derivada de una concepción de la sociedad de conflicto irresoluble entre los hombres que elimina toda lógica evolutiva de división del conocimiento y de cooperación social. Frente a esta concepción, resulta necesario evaluar si existen alternativas a la aparente dicotomía de seguridad versus libertad.

Gustave de Molinari entendió que la provisión de seguridad debe ser proporcionada bajo el régimen de la libre competencia. Una utopía para la mayoría, pero lo cierto es que si admitimos que la justificación teórica del monopolio de violencia resulta muy discutible, podemos derribar definitivamente este mito oscurantista y plantearnos si la organización de la industria de la seguridad puede estructurarse dentro de la libre concurrencia, con los consiguientes beneficios para los consumidores.

Los límites de las políticas públicas

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En el año 1922, el oficial del Ejército británico Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, (quien sería inmortalizado posteriormente en la genial superproducción de David Lean), se registró en la base de la Royal Air Force (RAF) en Farnborough, bajo un pseudónimo que le permitiese pasar desapercibido tras el fin de la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento en el cual este joven arqueólogo alcanzó un protagonismo no deseado tras desempeñar un papel histórico en la revuelta árabe frente al Imperio otomano.

En su famosa obra “El Troquel”, Lawrence manifiesta su propia experiencia como soldado raso en la RAF, donde, entre otros episodios, relata un enfrentamiento con uno de los sargentos. En la trifulca, el superior se mofa de la supuesta ignorancia de Lawrence cuando le pregunta: ¿qué es lo que sabes?

Ante esta pregunta, Lawrence, pudiendo revelar su identidad y acabar con la carrera militar del sargento, prefiere adoptar una estrategia más prudente y, también, algo pedante, contestando sin vacilar: Bueno, mi sargento, específicamente, desde luego, no podemos saber nada, pero como el resto de nosotros, he vallado mi vida con un andamiaje de hipótesis más o menos especulativas.

Esta anécdota nos introduce a un problema tan complejo como es la evidencia del denominado conocimiento científico. Tal problemática ha sido tratada en extenso en este blog (aquí o aquí), si bien desde un punto de vista abstracto atendiendo a la epistemología de la ciencia económica.

Por ello, para demostrar la relevancia de esta cuestión, resulta conveniente aterrizar el análisis a un terreno más práctico y concreto, como pudiera ser la evaluación de las políticas públicas.

En una sociedad cada vez más informada gracias al fenómeno de la democratización de la información que permite la economía digital, los ciudadanos comienzan a ser más exigentes con los políticos, demandando transparencia y un gobierno abierto. Por esta razón, los políticos tratan de justificar su gestión mediante la evaluación de aquellas políticas públicas que aprueban en aras de mejorar el bienestar de la sociedad.

Sin embargo, más allá de los beneficios políticos que puede generarle al gobierno de turno lucir la chapa, es preciso reconocer que cualquier evaluación de políticas públicas puede resultar muy engañosa. Veamos por qué.

El objetivo tácito de la evaluación consiste en demostrar si se ha generado o no un impacto positivo en la sociedad (o en algún colectivo concreto) mediante el desarrollo de una determinada acción o programa. En un primer nivel de evaluación, lo más razonable consistiría en valorar el efecto directo de dicha política tras su implementación. Si el resultado del colectivo “beneficiario” del programa es que ha mejorado tras la implementación del mismo, significa que la política ha funcionado.

No obstante, descendiendo a un segundo nivel, es fácil advertir que en el proceso de evaluación únicamente es posible observar lo que ha ocurrido en el mundo fenoménico, es decir, en la realidad tal y como es percibida por el evaluador. Pero no es posible observar lo que no ha ocurrido.

Por ejemplo, imaginemos que tras la implantación de un determinado programa educativo, el rendimiento escolar medio ha aumentado sobre el colectivo beneficiario, pero no podemos saber cómo se habría comportado dicho rendimiento ante la ausencia del programa educativo. Pudiera ser que un programa educativo demasiado restrictivo elimine los incentivos a la meritocracia por parte del alumnado, y que en consecuencia, el rendimiento aumentase en mayor proporción ante la ausencia del programa. Este escenario irreal de lo que podría haber ocurrido sin la política, se denomina contrafactual.

Los economistas e investigadores sociales en general, tienen muy en cuenta el escenario contrafactual, al menos desde un punto de vista conceptual en el momento de abordar una evaluación.

No es así en el caso de los políticos, que sólo necesitan reunir las correlaciones estadísticas necesarias con las que defender que sus políticas son exitosas. En el caso de España, el organismo responsable de evaluar las políticas públicas es la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios). En calidad de agencia estatal, es forzoso concluir que el examinador (el Estado) es a la vez el examinado (el Estado), por lo que el interés de realizar evaluaciones serias bajo un método que contemple el contrafactual es muy bajo. Por ello no es de extrañar que la gran mayoría de las evaluaciones de políticas públicas se realicen bajo el denominado método de diferencia simple pre-post, comparando al colectivo beneficiario de la política antes y después de su implementación. Ya hemos demostrado en el ejemplo anterior que esta metodología resulta claramente disfuncional, dado que no contempla las circunstancias que varían con el transcurso del tiempo y que pueden condicionar el resultado en mayor medida que la propia política.

En el plano científico, existen otras metodologías que persiguen ser lo más precisas posibles. Dado que es imposible conocer el contrafactual, una solución consensuada por la comunidad de investigadores es tratar de estimarlo a través de dos grupos:

  • Grupo de tratamiento: El colectivo beneficiario del programa que se va a evaluar
  • Grupo de control: El colectivo que no participa en el programa que se va a evaluar

Comparando la diferencia entre ambos grupos tras la implementación de la política, podemos aproximarnos a una evaluación de impacto más robusta.  Siguiendo nuestro ejemplo, el grupo de tratamiento podría ser una clase o grupo de alumnos seleccionado como caso piloto del programa educativo, y el grupo de control se referiría al resto de clases que componen la institución educativa.

accion colectiva

¿Se logra así la cuadratura del círculo? Lamentablemente no.  La definición de ambos grupos de control y de tratamiento no está exenta de potenciales sesgos, como aquellos que pueden derivarse del tamaño apropiado de la muestra seleccionada para obtener resultados significativos,  o la homogeneización de características entre los agentes de cada grupo que garantice consistencia, así como otros múltiples factores. Los modernos métodos experimentales basados en las evaluaciones aleatorias (Randomised Control Trials-RCTs) se encuentran en una controversia muy polémica acerca de si son realmente eficaces para estimar el contrafactual.

Angus Deaton, Premio Nobel de Economía del año 2015, se ha mostrado muy crítico con la capacidad de estas evaluaciones para obtener resultados concluyentes que justifiquen el éxito de determinadas políticas. Para este economista escocés, los modelos empíricos no pueden funcionar en modo alguno mientras dejen de lado a la teoría económica, ese andamiaje de hipótesis con las que el evaluador puede dar una interpretación consistente a los datos que observa, teniendo en cuenta la subjetividad inherente en el proceso.

Por tanto, hemos comprobado que el problema técnico de la evaluación de políticas públicas continúa muy abierto en la actualidad.

No obstante, si tuviéramos que asumir que dicho problema estuviese resuelto, quedaría pendiente el problema económico, es decir, la decisión de cuál es el objetivo óptimo que persigue una determinada política pública. Todos los ciudadanos podemos estar de acuerdo en querer gozar de una buena pensión en nuestra jubilación, o tener una educación de calidad que permita a los jóvenes acceder a un mercado laboral que sea productivo y se traduzca en mayores salarios. Sin embargo, las decisiones concretas de cada uno de los individuos acerca de cuáles son los mejores medios que logren estos fines difieren en una gran multitud de factores y matices. Por esta razón, los mecanismos de la denominada democracia directa suelen arrojar a menudo resultados tan conflictivos como el reciente BREXIT celebrado en el Reino Unido.

Por tanto, no es posible realizar cálculos utilitarios que recojan las preferencias de cada individuo y maximicen una función de bienestar social. Esta conclusión ha sido confirmada por numerosos investigadores como Kenneth Arrow o Mancur Olson, e invita a reflexionar sobre el alcance que debería tener el Estado en el diseño de sus políticas públicas. Un Estado excesivamente paternalista bajo el cual “todos decidimos sobre todos” puede caer en el error de restringir las preferencias y necesidades de una minoría para favorecer los intereses de la mayoría. Frente a este modelo social, un Estado asistencial mínimo en el cual “cada uno decide sobre sí mismo” permite que el mercado ofrezca las soluciones que se adapten a la infinita variedad de preferencias de los ciudadanos, que cambian continuamente.

En conclusión, es importante que la ciudadanía sea crítica y comprenda el límite del Estado en la definición de las políticas públicas que recojan las preferencias de todos los ciudadanos, y finalmente, en su capacidad para evaluar los resultados de dichas políticas más allá de la obtención de réditos políticos.

Keynes y Hayek: De liberal a liberal

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Hace pocas semanas, se produjo el 70 aniversario de la muerte del célebre John Maynard Keynes (1883-1946), posiblemente el economista más conocido después de Adam Smith en la historia del pensamiento económico.

Concentrar toda la obra intelectual de Keynes en un artículo resulta sencillamente absurdo, dado que este esfuerzo titánico comprendería diversas monografías si tan sólo nos ciñésemos al ámbito económico. Keynes fue un estudioso multidisciplinar, y más allá de la economía, su apetito abarcó numerosas materias como la historia, las matemáticas, la literatura, la filosofía y el arte en general. De hecho, tal compendio de saberes queda plasmado en los libros de este británico controvertido, de entre los cuales cabe destacar su famosa “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”, publicado en 1936.

Su teoría formó un verdadero paradigma, entendiendo este concepto tal y como lo definió Thomas Kuhn, es decir, como el conjunto de afirmaciones científicas universalmente reconocidas que, por un tiempo, proveen un modelo analítico de resolución de problemas a la comunidad de investigadores.

El germen del paradigma keynesiano se produjo en el contexto económico del crac de 1929 y  la Gran Depresión de los años 30, donde la gran mayoría de países industrializados, y muy especialmente Estados Unidos y Reino Unido, sufrieron elevadas tasas de paro. Sin embargo, la teoría económica entonces vigente, dominada por el modelo clásico, se mostraba incapaz de explicar el origen de la crisis y mucho menos de proponer soluciones para mitigar sus efectos. Esta incapacidad de los economistas clásicos ya ha sido tratada en este blog a partir del análisis de la metodología empleada en la ciencia económica, basada en los modelos estáticos de equilibrio que asumen que los precios y salarios se ajustan automáticamente en unos mercados de competencia perfecta, donde millones de empresas ofrecen el mismo tipo de bienes a un precio de equilibrio.

Keynes afirma que el mercado dista mucho de ser perfecto, ya que existen ciertas rigideces que impiden que el ajuste de precios y salarios sea automático. Esta idea fue posteriormente desarrollada por los economistas postkeynesianos, al estudiar que la economía es esencialmente contractual, y, por tanto, en este marco surgen diversos costes de transacción que hacen que los precios y salarios sean viscosos.

Esta idea tiene mucha relevancia para Keynes en el mercado de trabajo, donde confluyen diversas causas institucionales e históricas que provocan que los salarios no sean flexibles ante los posibles cambios entre la oferta y demanda de factor trabajo y que, en consecuencia producen que el desempleo no sea voluntario (como rezaba la economía clásica). Estas causas institucionales e históricas se resumen en la fijación de salarios por parte de los sindicatos o en la ilusión monetaria que sufren los trabajadores al confundir el salario nominal con el salario real.

Teniendo presente esta concepción del mercado de trabajo, Keynes trata el origen de los ciclos económicos.

Su idea central es que los ciclos de auge y recesión giran en torno a una variable que él califica de inestable: la inversión.

Para Keynes, la inversión está determinada fundamentalmente por lo que la profesora Joan Robinson denominó los animal spirits, esto es, las fuerzas de optimismo que animan a los empresarios a invertir en base a sus expectativas.

Agregando sus expectativas de inversión y ventas futuras, los empresarios anticipan una demanda con la que adaptar su producción. Siguiendo la tesis de Keynes, si esta demanda “efectiva” es inferior a la demanda “nocional”, que es aquel nivel de demanda que garantiza el pleno empleo, el resultado es que la oferta global de producción se reduce y por tanto disminuirá el empleo, el consumo y el ingreso de los trabajadores.

La solución planteada por Keynes para garantizar el pleno empleo es que, siempre que la demanda efectiva sea insuficiente, el Estado debe intervenir para estimular dicha demanda mediante la política fiscal.

 

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A la vista de este modelo, parece razonable pensar que la solución keynesiana pudiera ser la panacea de todos los males para evitar la recesión económica. No obstante, en aquellos años en los que la ortodoxia keynesiana se hacía cada vez más fuerte, un joven economista austriaco, Friedrich Hayek, llegó a Londres (1931) para aceptar la cátedra Tooke en la prestigiosa London School of Economics. Este hecho precipitó la celebración de uno de los debates más famosos de la historia económica: la polémica entre Keynes y Hayek.

Hayek criticó duramente la incapacidad de Keynes para entender el tipo de interés, ya que el economista británico ignoró la influencia del tiempo y la teoría del capital en sus postulados, y se centró exclusivamente en las expectativas para entender la inversión. La ausencia de estos parámetros en los trabajos de Keynes le llevó a penalizar el ahorro. Según su receta, el aumento del ahorro implicaría un descenso del consumo y por tanto del empleo y los ingresos.

Frente a esta postura, Hayek defendía que los bienes de consumo final son resultado de una estructura de producción constituida por diversas etapas intermedias de bienes de capital y que requiere de dos variables fundamentales: tiempo y ahorro previo. Es decir, los bienes finales que los consumidores disfrutan son producto de un largo proceso, desde la incorporación inicial de inputs o factores, pasando por su transformación y elaboración hasta la generación del output o producto final disponible para su venta.

Hayek advirtió en sus teorías que el aumento artificial de la demanda distorsionaría la estructura productiva al penalizar el ahorro, generando empleo inestable y agravando el problema. Al contrario, a Keynes nunca le preocupó la oferta, pues se centró en el lado de la demanda y en los efectos a corto plazo. A largo plazo, todos muertos.

Es muy posible que años después de aquella polémica, Keynes y Hayek hubieran podido acercar posturas. Cuenta Hayek,  que en una reunión mantenida con Keynes, éste le declaró que sus ideas habían sido malinterpretadas por los que eran sus llamados discípulos, ya que la intervención estatal debía ser ejecutada únicamente cuando los mecanismos de mercado fallasen.

Al finalizar la reunión, Keynes prometió a Hayek pronunciarse respecto al tema, y cambiar así la orientación de la escuela keynesiana que parecía defender una mayor inclinación a la economía socialista. Como dijo Hayek,  Keynes“indicó con un gesto rápido de su mano lo deprisa que podría conseguir esto”.

Por desgracia, tres meses después de aquella reunión, la muerte sorprendió a Keynes, sin poder llegar a pronunciarse.

Fue precisamente tiempo lo que le faltó a Lord Keynes, al igual que a su teoría, para avanzar en el conocimiento de la economía de libre mercado que él siempre defendió. Sin embargo, más allá de las soluciones propuestas, es el planteamiento de los interrogantes lo que mide la talla de este genial economista.

BREXIT: Un verdadero reto para la UE

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El día 23 de junio de 2016 será una fecha histórica para la Unión Europea (UE). El premier británico David Cameron ha elegido este día para que los ciudadanos del Reino Unido decidan, a través de un referéndum, su permanencia dentro de la UE. Este BREXIT (British EXIT, “salida británica”) supone una decisión no exenta de riesgos para las dos partes implicadas. De hecho, durante los últimos días, los medios de comunicación británicos e internacionales se han hecho eco de varios testimonios que desde Bruselas como capital de la UE, las instituciones de la City de Londres, así como de una fracción de diputados tories (conservadores) alertando de dos graves problemas que acarrearía el BREXIT para la economía británica:

  • Fuga masiva de capitales europeos desde la City hacia Frankfurt y otros centros financieros: un informe reciente de la Asociación de Inversores estima que un 37% del total de activos europeos es gestionado en Reino Unido.(ver informe de The Investment Association aquí)
  • Pérdida de cuota de mercado: Reino Unido exporta casi un 45% de sus bienes y servicios a la Unión Europea

Asimismo, un reciente estudio de Price Waterhouse Coopers estima en casi un millón los puestos de trabajo perdidos como consecuencia del BREXIT.

Por tanto, de ser ciertos estos riesgos, ¿por qué se plantea el Reino Unido su salida de la UE?

En primer lugar, es preciso recordar cómo funciona la economía del Reino Unido. Contribuyente neto de la UE y país líder en la creación de empleo, con una tasa de paro del 5%, muy por debajo de la media europea (9%). A nivel demográfico, Reino Unido representa un 13% de la población total europea, siendo actualmente un país con una migración neta (balance entre la inmigración y emigración) cercana a los 330.000 habitantes, de los cuales, aproximadamente la mitad provienen de la UE para buscar trabajo.

Resulta fácil advertir que la estructura económica y social de Reino Unido tiene capacidad para absorber parte del paro europeo y que sería más inteligente para la UE estudiar con seriedad el BREXIT, partiendo de entender que este fenómeno no es coyuntural, sino que obedece a una divergencia entre dos modelos económicos incompatibles entre sí: un modelo aperturista, basado en la inversión y flexible anglosajón frente a  otro modelo proteccionista, basado en la subvención y rígido continental.

La coexistencia de estos dos modelos dentro de la UE se ha tornado especialmente difícil durante los últimos años de crisis económica, en los que el gobierno de Cameron ha realizado un duro ajuste del gasto público (actualmente en torno al 42% del PIB) y se ha mostrado muy crítico con la senda marcada por sus socios comunitarios.

Reino Unido se ha mostrado partidario de liberalizar el mercado de trabajo y de flexibilizar las industrias para hacerlas más competitivas en el mercado, donde China e India lideran el crecimiento mundial. Sin embargo, la política de Bruselas ha pasado por rescatar las viejas medidas colbertianas basadas en el proteccionismo comercial, donde más del 40% del total del presupuesto comunitario se destina a una Política Agraria Común (PAC) que a lo largo de las décadas sólo ha dificultado a los países en vías de desarrollo, incapaces de vender sus productos agrícolas más baratos, y encarecido notablemente los precios, perjudicando a los consumidores.

Adicionalmente, desde el punto de vista de la inmigración, Reino Unido apuesta por una política basada en lo que algunos economistas denominan “invitación”. Es decir, la inmigración, de ser libre, tiene que ser acordada por dos partes: el país receptor y el inmigrante que desea trasladarse a dicho país. En virtud de ese acuerdo, cada parte se responsabiliza del otro. El Estado no puede subvencionar la inmigración si dichos inmigrantes no han sido “invitados” mediante un contrato de trabajo que les permita prosperar y vivir pacíficamente.

En este punto es interesante recordar la relación entre comercio e inmigración, caracterizada por la elasticidad de sustitución: cuanto más tengo de uno, menos necesito del otro, y viceversa. Es decir, cuando la UE mantiene un sistema de aranceles a mercancías extranjeras para proteger a sus productores locales, está provocando que cientos de miles de familias de países africanos y asiáticos se vean obligadas a emigrar a la tierra prometida llamada Europa. Si a esto se le suma la actual crisis de refugiados que huyen de la guerra en Siria y Afganistán, nos encontramos con un agotamiento del modelo europeo continental.

Sin embargo, parece que los últimos atentados de Bruselas han provocado que el terror se apodere de la lógica, y que los nacionalismos acrecienten su esfera en la política europea e incluso norteamericana, donde un controvertido Donald Trump promete levantar más muros para frenar la inmigración mexicana y amenaza con combatir al ISLAM.

Por tanto, lo más importante del BREXIT no es la celebración de un referéndum que decida la permanencia del Reino Unido en la UE, sino el trasfondo de su mensaje: la necesidad de una revisión integral del modelo económico de la Unión Europea, logrando que sea más aperturista al tiempo que reduzca los privilegios y prerrogativas burocráticas (subvenciones, subsidios, ayudas) del denominado Estado de Bienestar europeo, incompatible con el libre comercio y la libre circulación de personas. Estos son los principales retos a identificar y combatir.

En conclusión, el dilema consiste en mantenerse en la tozudez del modelo continental que provoca una inmigración no deseada para mantener una economía a base de subvenciones cada vez más costosas para el contribuyente europeo, el escenario en el que lamentablemente vivimos, o bien en apostar por un modelo de libre comercio y mercados flexibles basado en una inmigración bienvenida que garantice una convivencia pacífica sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

La economía dantesca

represion financiera

 

La economía global vive sus tiempos de mayor incertidumbre desde los orígenes de la Gran Recesión iniciada en el año 2007. Tal y como señalábamos hace pocos meses, las fuerzas económicas han dibujado un escenario muy desconocido que puede comprometer de manera contundente la senda de recuperación registrada en buena parte de las economías. Entender las raíces de esta recuperación es un ejercicio intelectual muy complejo para los economistas, dado que no disponemos de una metodología mecanicista basada en la causa-efecto, ni cabe establecer patrones en la regularidad de los fenómenos, tal y como sí ocurre en las ciencias físicas o experimentales.

Sin embargo, respetando esta problemática, podemos afirmar con cierto grado de certidumbre que las políticas económicas actuales basadas en el estímulo de la demanda no han conseguido lograr un crecimiento económico potencial, y se han quedado sin margen suficiente como para seguir intentando convencer a empresas y familias para que tiren de consumo y crédito cuando los Estados que ejecutan dichas políticas se ven, en realidad, inmersos en una verdadera guerra de divisas (depreciando artificialmente las monedas) y con tipos de interés muy bajos.

La suma de estas dos palancas (depreciación de moneda y tipos de interés bajos) da como resultado un coctel verdaderamente dantesco: la represión financiera. Este término, acuñado originalmente por los economistas Edward Shaw y Ronald McKinnon, hace referencia a una serie de políticas dirigidas a dilapidar el ahorro con el objetivo de que los países puedan mantenerse en una espiral de gasto y deuda que, como consecuencia de dichas políticas, abarata progresivamente el coste de la deuda en el tiempo. De este modo, observamos en la prensa todo tipo de noticias que podrían parecer un disparate, como por ejemplo que el Tesoro Público de España coloque sus bonos en el mercado a un tipo de interés negativo (es decir, cobrando porque le presten dinero), o que el Euribor que se paga por las hipotecas también se sitúe en negativo. Por su parte, China anuncia una inyección de liquidez de 440.000 millones de yuanes (equivalente a 62.000 millones de euros) y el Banco de Japón aplicará un tipo de interés negativo del 0,1% a los fondos que las instituciones niponas mantienen con la entidad, una medida que ya empleó el propio Banco Central Europeo en 2014.

Ante tal nivel de asombro, incluso un economista alejado del liberalismo clásico como es Nouriel Roubini (vinculado a la escuela neokeynesiana), no ha dudado en calificar esta situación como la Nueva Anormalidad, convencido de que la economía real está “seriamente enferma” y que los mercados financieros se mantienen en una posición divergente a este diagnóstico. En un reciente artículo en la revista Time, Roubini entiende que esta divergencia entre los mercados financieros y la economía real se debe a las políticas monetarias actuales, que han trascendido lo convencional y de hecho están poniendo en duda la propia credibilidad de los Bancos Centrales.

Esta conclusión de Roubini coincide plenamente con lo que publiqué hace un año en este mismo blog, tratando la cuestión del crédito al pánico cuando Draghi daba comienzo a su programa de Quantitative Easing basado en la compra masiva de deuda pública y corporativa:

Resulta sorprendente que a medida que las políticas expansivas son cada vez más agresivas, el término de lo que es “convencional” caduca a una velocidad mayor. Es decir, cuando el BCE reduce los tipos de interés al mínimo histórico y los mantiene durante años, parece que hay que buscar un paso más allá porque dicha política ya es convencional y no funciona. Cuando los gobiernos europeos gastan casi un 50% del PIB para aumentar la demanda agregada, la política se vuelve convencional y hay que ir más allá emitiendo deuda pública, que en algunos países supera el 100% del PIB

Sin embargo, frente a esta llamada de alerta de Roubini, otros economistas relevantes parecen no compartir que las políticas monetarias y fiscales están distorsionando las expectativas de consumidores e inversores. O al menos, sólo lo comparten en parte, como es el caso del Premio Nobel Joseph Stiglitz.

Stiglitz venía manteniendo la necesidad de que los tipos de interés en Estados Unidos y Europa se mantuvieran en el 0%. Sin embargo, a la vista de los resultados de su receta, Stiglitz esgrime que toda la liquidez inyectada en el sistema está siendo acumulada por parte de los bancos en forma reservas, negando la concesión de préstamos a la economía real. De este modo, resulta fácil imaginar una pecera vacía de agua bajo un grifo cerrado que ahoga a los peces, ávidos del líquido elemento para sobrevivir. Stiglitz no se detiene a analizar que, tal vez, una economía como la española (por citar un ejemplo), con un 180% de deuda privada sobre el PIB, no necesita más endeudamiento, y que el número de préstamos demandados es inferior al número de préstamos devueltos. Es decir, no se trata de que la oferta monetaria no llegue a la economía real, sino que simplemente la oferta no crea necesariamente una mayor demanda de crédito. Por ello, prefiero la fábula que emplea mi colega Juan Ramón Rallo: Se puede llevar al caballo al río, pero no se le puede obligar a beber.

El principal problema de la economía keynesiana es pensar que la demanda siempre está disponible para expandirse, sin importar el nivel de deuda. Por ello, ante este atolladero Stiglitz no tiene más remedio que redirigir sus esfuerzos en abogar por una política fiscal expansiva que estimule la demanda vía gasto público. Es decir, mismo objetivo, distinto instrumento de política económica. En este punto, resulta muy lógico plantearse qué le hace pensar a Stiglitz que una política fiscal expansiva llevará a incrementar la demanda cuando el contexto es el mismo en el sector público. Un contexto basado en la sobrecapacidad de infraestructuras y en una presión fiscal creciente. Además, es absurdo ignorar que cualquier incremento de gasto público ha de financiarse necesariamente, o bien con subidas de impuestos en el presente, o bien con  un mayor pago de deuda en el futuro (soportado por los hijos y nietos que vendrán).

Deberíamos plantearnos el hecho de que las viejas políticas de demanda no sólo no han logrado sus objetivos, sino que nos ofrecen un panorama aún peor. Necesariamente, es preciso atender a una agenda de reformas basadas en políticas de oferta. Políticas que dejen más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y un mercado más flexible a la contratación de factor trabajo que favorezca la acumulación de capital.

Tal vez, es el momento de darle una oportunidad a la libertad económica.