1) La gestión burocrática:
Según Mises, el burócrata debe cumplir con lo que el gobierno le ha establecido. En democracia, el pueblo es soberano. El pueblo elige lo que es mejor para la comunidad. Por ello, la Ley y el Presupuesto son los pilares de la gestión burocrática. El gobierno, elegido por el pueblo soberano, estipula lo que debe hacerse y diseña un presupuesto para el control del gasto. De este modo la democracia y la burocracia van unidas, por lo que Mises afirma que la burocracia, como método de gestión, no es ni buena ni mala. El problema es que la gestión burocrática ha trascendido sus esferas y pretende sustituir a la iniciativa privada. En efecto, la burocracia en el gobierno podrá ser indispensable, pero ésta no debe restringir en modo alguno la libertad de los individuos.
Sin embargo, acto seguido, Mises postula que: “La ley protege a los ciudadanos contra la arbitrariedad de quienes desempeñan funciones públicas”[1]. Los burócratas están limitados por ley a hacer lo que sus jefes o superiores han establecido. En el desempeño de esta función no hay cálculo económico posible (derivado, como hemos explicado anteriormente, de la falta de un sistema libre de precios en el sistema socialista), y los burócratas no responderán a ningún incentivo para actuar de la forma más eficiente posible, sino que procederán a actuar tal y como los superiores dentro del órgano directivo hayan establecido.
Bajo este planteamiento, Mises define la gestión burocrática como el “método aplicable a la conducción de asuntos administrativos y cuyo resultado no se refleja como valor contable en el mercado”[2]
En este sentido, Mises recalca que no se puede sustituir la burocracia del gobierno por la gestión empresarial, debido a que ambos sistemas están claramente diferenciados por la motivación del beneficio. El empresario busca beneficios, que suponen el incentivo al mismo para ejercer su función empresarial y crear o descubrir las oportunidades de negocio. En cambio, el burócrata únicamente se guía por los mandatos, leyes y reglamentos impuestos por el Estado. Se rigen por la subordinación a sus superiores, sin atender si quiera a examinar si el contenido de la ley es correcto o no. Vemos por tanto, que es imposible desde el punto de vista teórico el que la burocracia pudiera gestionar más eficientemente los asuntos que corresponden a la esfera privada. Esta razón radica en la falta de incentivos motivada por el beneficio empresarial y más importante aún por la imposibilidad de realizar un cálculo económico congruente. Estas consecuencias han sido ampliamente estudiadas a fondo por los teóricos de la Escuela Austriaca, iniciándose el debate sobre la imposibilidad del socialismo de la mano de Mises en la década de 1.920, y posteriormente desarrollado por Hayek y en la actualidad por el trabajo de Jesús Huerta de Soto, en su trabajo de “Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial”.
2) La gestión burocrática de las empresas públicas.
El problema del cálculo económico en el socialismo fue soslayado inicialmente por Marx y Engels, que únicamente se dedicaron a profetizar la inexorable llegada del socialismo, sin atender al tema, seguramente trivial para ellos, de la viabilidad del sistema desde el punto de vista de la teoría económica. Más tarde los economistas socialistas fueron conscientes de esta insuficiencia y trataron de dar una solución sin éxito alguno. Oskar Lange fracasó en sus inagotables intentos de demostrar la posibilidad del cálculo económico en la economía socialista, a partir de un cuerpo teórico que suponía toda la información disponible, la funcionalidad de unos precios paramétricos y en general, una economía de tipo estático. Las críticas recibidas por parte de la Escuela Austriaca pusieron en duda los postulados del economista polaco, ya que la información en economía jamás está dada, y mucho menos es articulable por parte de cualquier burócrata, debido a la naturaleza misma de la información, de tipo práctico, disperso y eminentemente subjetiva en cada uno de los agentes económicos que integran la sociedad.
No obstante, el Estado justifica la creación de las llamadas empresas públicas, aunque no tengan nada en común respecto a la gestión propia de las empresas privadas. En este sentido, hay que subrayar que las empresas públicas no persiguen ánimo de lucro, y se justifica su actividad en la búsqueda de unos objetivos “superiores” y vitales para la búsqueda del bien común. Es así como surge el moderno Estado del Bienestar, que se consagró como la panacea de todos los males. La realidad muestra no obstante que los gastos en los que dichas empresas públicas incurren para el logro de tan meritorios objetivos únicamente son soportados por los contribuyentes a través de los impuestos, por lo que estos objetivos, lejos de realizarse, terminan por perjudicar gravemente a los agentes.
A menudo se argumenta que la función de las empresas públicas es la de realizar servicios útiles para la comunidad. Ante este argumento, Mises se pregunta: ¿Cómo valoramos esa utilidad?
En la empresa privada guiada por ánimo de lucro, la utilidad viene reflejada por el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. De esta forma, si la empresa privada obtiene beneficio es porque satisface la necesidad del soberano consumidor, y por ende, realiza un servicio útil. La empresa pública, en cambio, al no guiarse por un sistema libre de precios, no puede conocer o estimar si sus servicios son útiles o no.
3) Gestión burocrática de las empresas privadas.
En este apartado Mises va a centrarse en la cuestión particular de la burocratización de las empresas. En primer lugar, el economista austriaco apunta que siempre que la empresa se guíe por el lucro, cumplirá su gestión eficientemente, sin importar el tamaño de la misma.[3]
El Estado, en todas sus formas de intervención, pervierte la gestión empresarial. A través de la regulación legal de los precios, márgenes de beneficios y especialmente los impuestos, el gobierno esquilma la innovación y el incentivo del empresario para mejorar su gestión y ser cada vez más eficiente, sin tener en cuenta que en todo momento el beneficiario directo de dicha gestión es el consumidor. Además, el socialismo pervierte la imagen del empresario, degradándole a la imagen del egoísta y codicioso, mientras se ensalza al burócrata como el garante del bien común frente al interés privado.
Por lo tanto, la explicación misiana de la burocratización empresarial se plantea en el sentido inverso del enfoque schumpeteriano analizado anteriormente, es decir: la intervención estatal es la que frena el incentivo a la innovación y a la gestión empresarial y no al revés. Schumpeter afirma que es la falta de innovación por parte de las empresas la que produce su progresiva burocratización.
Este punto es clave para analizar correctamente la función de la empresa. En una economía dinámica, el empresario, que se mantiene en un estado permanente de alerta, no puede dejar de innovar y buscar nuevas oportunidades de negocio para hacer frente a la competencia. Es una falacia el pensar, como Schumpeter, que cualquier empresa puede acomodarse y consolidarse en el mercado sin esfuerzo alguno. El problema de este argumento se encuentra, una vez más, en una economía de tipo estático que se encuentra en un equilibrio perfecto y en el cual no se concibe una verdadera competencia, ya que todos los productores ofrecen los mismos productos a un mismo precio. He aquí el error teórico de Schumpeter y sus seguidores.
Finalmente, Mises pone de manifiesto que incluso la intromisión del Estado ha llegado al punto de designar burócratas en los consejos de Administración de las empresas, con lo que la burocratización por parte del Estado es evidente.
[1] Mises, Burocracia. pp. 69
[2] Mises, Burocracia. pp. 71
[3] Esta afirmación es discutida por Huerta de Soto, quien establece que a medida que la empresa aumente su tamaño, la obtención de la información necesaria para la gestión será más difícil, debido a que el volumen de la misma que se requiere se vuelve cada vez mayor. Véase “Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial”.