Hoy en día, afirmar que el mercado laboral es una de las cuestiones más urgentes a resolver en España, resulta una obviedad en cualquier tertulia. Otra cosa es el recetario a proponer, ya que como siempre ocurre en estos asuntos de políticas públicas, el antagonismo está servido. Sin embargo, lejos de alimentar a ese espectro que recorre Europa, esto es, el vestigio ancestral y oprobioso de la lucha de clases entre empresario y trabajador, intentaremos aquí analizar la realidad con carácter crítico.

Según los últimos datos del informe de la EPA, la tasa de paro en España se sitúa en el 25,93% de la población activa. El desempleo español es el más alto de la Unión Europea. Incluso en el año 2.007 cuando España logró su nivel más bajo de desempleo en la historia, el 8,6%, dicha tasa se situaba casi 4 puntos porcentuales por encima de la media de los países desarrollados de la OCDE.

Los datos muestran que nuestro mercado laboral no funciona. Además, el problema no se debe únicamente al ciclo económico, sino que obedece a una causa estructural de nuestras instituciones en dicho mercado.

La pregunta esencial que debemos plantearnos en el momento de estudiar el mercado laboral es si el mismo crea los incentivos adecuados para crear empleo. Es evidente que la oferta (trabajadores) y la demanda (empresas) de mano de obra no se igualan. Además, es necesario reconocer que la burbuja de la construcción originada durante los años del ciclo expansivo creó artificialmente más de 2 millones de puestos de trabajo. Tras el estallido de dicha burbuja, era inevitable que dichos puestos de trabajo se perdiesen. Asimismo, hemos de considerar también lo que algunos economistas denominan burbuja «estatal», fruto de los diversos planes de estímulo público en obra civil (Plan E: 8.000 millones de euros),que crearon un empleo muy precario e insostenible en el momento en que se origina la crisis de la deuda pública.

Al margen de la crisis, hay diversos factores estructurales que dificultan la creación de empleo por parte de las empresas.

Primero, del lado de la oferta, esto es, los trabajadores, existen alternativas al empleo remunerado que desincentivan la búsqueda de trabajo. Dichas alternativas provienen de las políticas intervencionistas del Estado, que con el objeto de «proteger» al trabajador, lo que realmente producen es más paro. Nos estamos refiriendo especialmente al subsidio de paro y su prolongación a lo largo de dos años. Desde luego que el subsidio o prestación por desempleo ha de ser exigible en circunstancias de necesidad, pero en cualquier caso supondrá un incentivo para continuar parado el mayor tiempo posible. Además, existen otras políticas de subsidio a nivel regional en España, como por ejemplo el subsidio agrario del PER (Plan de Empleo Rural) en Andalucía o Extremadura. Por tanto, unas altas prestaciones por desempleo pueden ser contraproducentes para el empleo.

Segundo, del lado de la demanda, se encuentra toda la legislación laboral española que produce unos altos costes de contratación y despido a las empresas. Vamos a especificar los más importantes:

-Salario Mínimo: La teoría económica y la evidencia empírica demuestran que la imposición de un salario mínimo por parte de los sindicatos produce paro, dado que incrementa el coste marginal del empleado. Además, este salario repercute especialmente sobre los trabajadores más jóvenes sin experiencia y las personas menos cualificadas, ya que el salario que las empresas están dispuestos a remunerar(en función de su menor productividad) se sitúa por debajo del salario mínimo, por lo que no pueden contratarles. Un paper muy interesante sobre esto se encuentra aquí:

Haz clic para acceder a Meer_West_Minimum_Wage.pdf

Suecia, país modelo de los defensores de la socialdemocracia, conoce bien estos efectos perjudiciales, y por ello la sociedad sueca ha rechazado a través de un referéndum popular la implantación de un salario mínimo. Una lección para aprender.

-Costes de despido: En España la indemnización por despido improcedente es la más cara de Europa. A pesar de las tímidas reformas laborales emprendidas por los dos últimos gobiernos, reduciendo de 45 a 33 días por año trabajado la indemnización, el despido sigue siendo muy caro. El efecto que se produce es una protección excesiva a los trabajadores permanentes en detrimento de los trabajadores más jóvenes que únicamente pueden optar por contratos temporales. En consecuencia, España es líder en temporalidad del mercado laboral con el empleo más precario. Otro efecto negativo es que las empresas, debido al alto coste de despido y de tramitación burocrática, se muestran reticentes a ampliar la mano de obra, produciéndose un efecto sustitución de personas por máquinas.

Por tanto, cuando las instituciones (Gobierno y sindicatos) crean rigideces que impiden que el mercado laboral se ajuste, el resultado es paro masivo. El economista Keynes conocía bien estas rigideces, pero afirmaba que las mismas obedecían a «causas institucionales e históricas» y que por tanto poco se podía hacer.
Sería lo mismo que decir que algo no puede cambiar porque «siempre ha sido así». Una explicación, si se me permite, muy limitada y que intentaremos desarrollar en este blog.