Con la entrada del nuevo año 2015, llega el momento de hacer balance para el gobierno de España.

La realidad muestra unos resultados poco halagüeños respecto a las finanzas públicas: incumplimiento del objetivo de déficit público (en torno al 4,6% del PIB frente al 4,2% pactado por la Comisión Europea) y un nivel de deuda pública en torno al 104% del PIB para el año 2015.

Desde el gobierno, sin embargo, sus gestores afirman mostrarse más optimistas con sus previsiones y rechazan adoptar nuevas medidas de calado, un mensaje que en mi opinión,denota pura ociosidad.

Al margen de discutir si los datos previstos se cumplirán o no, lo cierto es que la política fiscal no ha conseguido que la Hacienda de España recaude el dinero necesario para afrontar sus gastos corrientes, inversiones y por supuesto el pago de la deuda. A pesar de tres años de subidas de impuestos, la recaudación no consigue reducir el gap entre lo que gastamos y lo que ingresamos. ¿Por qué? Los expertos y los populistas coinciden en dos razones: el elevado fraude fiscal y laboral y una presión fiscal inferior a la media europea, especialmente sobre los ricos y las grandes empresas.

Resulta curioso que el argumentario principal de la opinión de nuestros gobernantes (o quienes aspiran a serlo) se base en combatir el fraude a la vez que suben los impuestos a los ciudadanos, echando bajo tierra las lecciones de teoría económica que demuestran, precisamente, que de la misma manera que no se puede apagar un fuego empleando un lanzallamas, no se puede reducir el fraude si se suben los impuestos en un contexto en el que el sector privado necesita sanearse a través del ahorro.

Un estudio estricto de los incentivos microeconómicos de los individuos nos permite obtener conclusiones al analizar los costes y beneficios del fraude. Para ello, es preciso partir de una hipótesis inicial y, por supuesto, a priori: el ser humano prefiere mantenerse dentro de la legalidad en el curso de sus acciones. Por tanto, son dos los enfoques a considerar desde el punto de vista de política económica:

 O bien los costes de mantenerse en la legalidad son excesivamente altos en términos de impuestos y cotizaciones sociales que merman la renta disponible de empresarios, trabajadores y ahorradores y producen que el individuo tenga desincentivos a permanecer dentro del marco legal y arriesgarse a cometer fraude,

 O bien los costes de cometer fraude son tan bajos en términos de (des)regulación y asunción de responsabilidad civil o penal que el individuo tiene incentivos perversos a actuar siempre en contra de ley.

A tenor de ambas opciones, las estrategias que pueden plantearse son evidentes: Rebajar impuestos o endurecer las leyes antifraude.

El fraude representa ya entre un 18% y un 25% del PIB, y desde luego cuesta pensar que colocar a unos cuantos de miles de inspectores más para que persigan el fraude a golpe de, eso, de inspecciones, (algo que ha sugerido algún nuevo partido político) pueda considerarse una medida eficaz a nivel operativo. Esto nos lleva a concluir que tal vez el fraude no pueda atajarse a través de la persecución, sino de la prevención. Por ello, un sistema que permita a los individuos aprovecharse de las ganancias derivadas de sus diferentes actividades empresariales, con el respeto a la propiedad privada y unos impuestos bajos es la mejor estrategia que puede y debe realizarse.

Esta teoría ha sido respaldada recientemente por diversos estudios empíricos. En Abril de 2014, la empresa Randstad, en colaboración con la universidad de Sheffield, demostró en su informe «Flexibility at Work 2014» que aquellos países con una economía más flexible y de libre mercado arrojan una tasa de fraude sustancialmente menor a aquellos países con una economía más rígida. Es decir, unos mercados flexibles y con simplificación normativa que permitan la libre contratación entre las partes, generan el marco adecuado para prevenir el fraude.
Sin embargo, desde el punto de vista de los impuestos, el mismo estudio antes mencionado demuestra empíricamente que los países con impuestos más altos muestran una economía sumergida menor. Esta observación parece negar parcialmente nuestra tesis inicial presentada en este post. Algunos bien podrían justificar más impuestos como medida de política económica.

Sin embargo, es preciso ser prudente en el análisis. Una economía fuerte que puede mantener impuestos altos es porque posee una sociedad muy rica que puede pagarlos sin necesidad de cometer fraude y que además tiene un nexo también fuerte con los servicios o contraprestaciones que otorga el sector público de dicha economía.

Por el contrario, cuando una economía tiene una estructura productiva de capital físico (ahorro) y humano (educación) muy inferior a la de sus competidores y una corrupción de las instituciones públicas generalizada, se producen dos hechos determinantes:
Primero, que el esfuerzo fiscal de sus contribuyentes es notablemente mayor porque la obligación tributaria sobre la renta disponible es confiscatoria
Segundo, que el vínculo entre impuestos y contraprestaciones se quiebra cuando un porcentaje muy importante del dinero público se pierde entre los dedos de nuestros gestores.

De esta manera, es muy pertinente pensar que en algunos países como España, el problema del fraude, lejos de ser justificable, sí sea comprensible.

Si quieren saber por qué se produce fraude, no nos pregunten a los economistas, nosotros lo tenemos muy claro. Pregunten a los políticos.