Ayer se hizo público el Informe de Coyuntura Económica del Servicio de Estudios del BBVA en el cual se estima un crecimiento del PIB español del 0,9 % en el presente año 2014. Dicha estimación coincide con la del prestigioso economista Daniel Lacalle, y corrige al alza otras previsiones realizadas por diversos organismos como el FMI.

¿Podemos sentirnos optimistas? En efecto, el crecimiento esperado supone la creación de empleo neto, si bien el paro no descenderá del 25% en 2014.

Desmenuzando las conclusiones del informe del BBVA, podemos analizar ciertas señales que evidencian el esfuerzo de la economía privada frente al despilfarro del sector público.

A pesar de los sucesivos incrementos de impuestos, la enorme deuda privada de las familias se reduce paulatinamente en 40.000 millones de euros durante el año 2.013, mientras que la deuda pública ronda ya el 100% del PIB. Y es que, a pesar de que el Gobierno nos hable de austeridad (el BBVA advierte de que el gobierno producirá un incumplimiento del objetivo final del déficit del 6,5%) , lo que hay es apalancamiento, propiciado por unas instituciones monetarias que continúan con las políticas expansivas. ¿Cuánto tiempo podrá la señora Yellen en Estados Unidos, y el señor Draghi en Europa mantener los tipos de interés a mínimos sin comprometer los objetivos de inflación? Si el gobierno de España continúa con esta tendencia, corremos el peligro de que se produzca una «japanización» de la economía española, con una deuda impagable y un estancamiento económico crónico.

A pesar de que nos dicen que el Estado de Bienestar está garantizado, se precisa una seria contención del gasto público y no persistir en incrementar los ingresos públicos. Los gobiernos han tenido que prometer cada vez más ayudas y subsidios, y sencillamente, el sistema es insostenible. El economista Tom Palmer(véase su «After the Welfare State»), estima un desfase presupuestario (esto es, la diferencia entre lo que el gobierno espera gastar y lo que espera ingresar a través de impuestos) en Europa de unos 53 trillones de euros en el año 2.010.

Por ello, queda claro que el problema no puede solucionarse a golpe de imprimir billetes, estimular la demanda e incrementar el gasto público.

El crecimiento debe basarse en un nuevo modelo por el lado de la oferta, el ahorro y el capital. Dos son las reformas estructurales en las que hay que ahondar: la fiscal y la LABORAL.

El BBVA pide una reforma impositiva que atraiga la inversión extranjera y favorezca el ahorro. El gobierno debe reducir inmediatamente los impuestos sobre la renta y el capital, de manera que la renta disponible de las economías domésticas aumente. El fraude fiscal no es justificable, pero sí se entiende cuando los impuestos son demasiado altos.

Por último, la reforma laboral. No es comprensible abordar políticas estructurales en el mercado de trabajo sin considerar la insostenibilidad de las pensiones públicas, algo que a nuestros políticos no les interesa debatir. Es necesario reducir los altos costes de contratación y de despido, así como revisar la ley de contratos y los convenios laborales. Deben generarse incentivos y ligar los salarios a la productividad del trabajador, no al incremento del IPC.

Por tanto, podemos sentirnos optimistas, pero sólo en el corto plazo. La crisis no ha terminado, y ha evidenciado los graves problemas estructurales que padece la economía española y la europea en su conjunto. El modelo tradicional basado en el gasto público que crea incentivos perversos sobre el ahorro debe dar paso a un sistema más libre donde la competitividad y el capital sean los pilares en los que se asiente un crecimiento sostenido. De otra manera, las generaciones venideras no podrán progresar, y deberán pagar nuestro despilfarro.