Durante las últimas semanas la Unión Europea ha mostrado su nerviosismo ante la llegada masiva de miles de inmigrantes y refugiados procedentes de países como Siria o Afganistán, que día tras día luchan por encontrar un futuro mejor en Alemania, Austria y en el resto de Europa Occidental.

Este hecho ha despertado la discusión sobre la “libre circulación de personas y fronteras abiertas”. Una discusión que ha dividido a los economistas generando un debate muy intenso durante la última década. Por ello, la cuestión que intentamos desarrollar en este post es si la inmigración debe ser condicional o incondicional, restringida o totalmente libre.

Por lo general, hemos de considerar que la mayor parte de la población inmigrante está constituida por trabajadores no cualificados. El argumento más común de los economistas es que esta mano de obra barata ha realizado una gran contribución al crecimiento económico de los países receptores. Podemos referirnos en este sentido al caso de los Estados Unidos o particularmente a España, donde la inmigración fue rápidamente absorbida por el sector de la construcción durante los años de la burbuja inmobiliaria alimentada por la expansión crediticia. Además, muchos economistas afirman que el coste de mantener a los inmigrantes es menor a la riqueza que los mismos generan a la economía.

De acuerdo con esta afirmación, el incremento de una oferta barata en el mercado laboral produce una reducción sobre el precio de ciertos bienes y servicios. Esto repercute en un incremento de la renta disponible de los consumidores, que podrán colocar su ahorro en el mercado de fondos prestables y satisfacer la demanda de los inversores.

En cualquier caso, el mensaje más común de los defensores de la libre circulación de personas puede resumirse en una frase: “los inmigrantes hacen el trabajo que los americanos (o los españoles) se niegan a hacer”.

Por otro lado, a pesar de la lógica aparente de este razonamiento, otros economistas advierten algunas consideraciones. En primer lugar, si toda la población inmigrante se legalizase, los inmigrantes gozarían de la misma escala salarial de los trabajadores nativos, compitiendo por los mismos trabajos y pagando los mismos impuestos y cotizaciones sociales. Por lo tanto, al final no habrá ningún trabajo que los americanos o españoles se nieguen a hacer.

Frente al argumento de que los inmigrantes aportan más riqueza a la economía respecto del coste que supone mantenerlos, algunos estudios sugieren que dicho argumento es falso. No sólo es cierto que la población inmigrante es más propensa a participar en la economía sumergida, sino que en cualquier caso, el ingreso medio de los trabajadores no cualificados es ligeramente superior al salario mínimo, por lo que los ingresos públicos que aportan en términos de impuestos son muy bajos. Por otro lado, las ayudas y subvenciones estatales que los inmigrantes reciben para la vivienda, colegio, sanidad, etc., arrojan un importe mayor que los ingresos que pueden aportar.

Hasta aquí se muestran los argumentos más típicos del debate estrictamente económico de la inmigración, sin considerar otros factores como la criminalidad o la integración cultural.

¿Cuál es la responsabilidad de Europa en el fenómeno de la inmigración? Llegados a este punto es preciso analizar la relación entre la libre circulación de personas y el libre comercio.

La relación entre comercio e inmigración está caracterizada por la llamada elasticidad de sustitución: cuanto más tengo de uno, menos necesito del otro, y viceversa. Por ejemplo, en la medida en que los productos mexicanos puedan entrar libremente en Estados Unidos, el incentivo de los ciudadanos mexicanos de emigrar a un país con salarios más altos es menor. Porque el libre comercio permite a cada economía especializarse en aquello en lo que es relativamente mejor que otras, logrando salarios crecientes para los productores.

Sin embargo, tanto Estados Unidos como Europa han mantenido una política fuertemente proteccionista, a través de la imposición de aranceles o barreras no arancelarias para proteger a los productores locales, repercutiendo en un alto coste para los consumidores al soportar una subida de precios en su cesta de bienes.

Esta es la razón por la que la Unión Europea debería fomentar el libre comercio en lugar de imponer aranceles y levantar fronteras cuando la inmigración amenaza su carísimo Estado de Bienestar.

Por tanto, desde un punto de vista liberal, la defensa de la libertad de comercio y de inmigración es prioritaria. Sin embargo, es importante recalcar que el término “libre” es muy diferente dependiendo de si nos referimos a comercio o a inmigración. En efecto, el libre comercio implica que vendedores y compradores se ponen de acuerdo en el movimiento de mercancías y servicios. Sin embargo, la libre inmigración no implica que exista un previo acuerdo o invitación. Por ello una inmigración incondicional podría ser considerada una invasión. No nos dejemos engañar por el modo en que algunos expertos emplean el término “libre”.

La libertad de inmigración debe respetar los principios generales del derecho, basados en acuerdos voluntarios entre las partes. Una inmigración no deseada por la población nativa puede producir consecuencias como la criminalidad o tensiones sociales.

En conclusión, la inmigración únicamente puede ser libre si es invitada por el país receptor en base a un acuerdo donde cada parte se responsabiliza del otro. El Estado no puede subvencionar la inmigración si dichos inmigrantes no han sido invitados mediante un contrato de trabajo que les permita prosperar y vivir pacíficamente.

De este modo lo expresa Hoppe: “There is no such thing as free immigration, or an immigrant´s right of way. What does exist is the freedom of independent private property owners to admit or exclude others from their own property in accordance with their own restricted or unrestricted property titles”.

Lo que está pasando actualmente es la clara demostración de que el libre comercio y la libre inmigración son incompatibles con el Estado de Bienestar. Una realidad que nuestros burócratas afincados en Bruselas se niegan a aceptar.