Corría el año 1.932 cuando el matrimonio formado por Sidney y Beatrice Webb visitó por primera vez la Unión Soviética. Un viaje con fines más intelectuales que turísticos, en un contexto muy delicado para las democracias occidentales que, tras haber superado con dificultad los daños de la Primera Guerra Mundial, ahora debían afrontar la Gran Depresión de los años 30 iniciada en los Estados Unidos y que comenzaba a contagiar al resto de potencias económicas como Gran Bretaña, Francia y Alemania.

Sidney y Beatrice Webb, ambos economistas e intelectuales británicos de renombre, estaban desarrollando un programa de investigación enfocado a demostrar el agotamiento del sistema capitalista frente al triunfo del denominado socialismo marxista que emergía con fuerza en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en otros países del mundo.

Cuando finalizaron su viaje por la Unión, los Webb volvieron a Londres declarando que se habían “enamorado profundamente” de lo que habían visto. Creían firmemente en el nuevo paradigma, logrando proyectos importantes como la constitución del Partido Laborista británico y fundando posteriormente la London School of Economics and Political Science, una de las universidades más prestigiosas del mundo.

El amor de Sidney y Beatrice por el sistema colectivista de la Unión Soviética fue cuestionado por muchos de sus colegas.  La razón de ello se debía a que los Webb se reconocían como socialistas “fabianos”, un movimiento que defendía una reforma social gradual, no de forma revolucionaria por parte de las masas sino de la clase intelectual a través de la educación. Esta postura no encajaba, por tanto, con el revolucionario socialismo marxista personificado en la figura de Stalin.

Sin embargo, lo cierto es que el testimonio de los Webb fue un fundamento importante para enriquecer el debate más interesante de la ciencia económica en aquel momento: la polémica del cálculo socialista.

Es preciso señalar que el debate del cálculo socialista se inició en la década de los años 20, a partir del artículo “El cálculo económico en la comunidad socialista” publicado por el economista austriaco Ludwig Von Mises. La esencia del argumento de Mises es que el socialismo se trata de un error intelectual porque, al no basarse en un sistema libre de precios, ningún órgano de planificación central podrá realizar un cálculo económico congruente, y es de esperar que los recursos (siempre escasos) se despilfarren. Mises define los precios como señales de mercado que reflejan “relaciones históricas” de intercambio entre los individuos, y transmiten la información necesaria para conocer la disponibilidad de los recursos y la preferencia de los consumidores.

El error intelectual al que se refiere Mises se explica, desde nuestro punto de vista, por el cuerpo metodológico que impera en nuestra ciencia. Los modelos estáticos que tratan de explicar los fenómenos económicos parten de asumir que la información está dada y que los precios del mercado son parámetros que se forman como resultado de una serie de ecuaciones de equilibrio. Al ser modelos estáticos, no recogen las relaciones dinámicas de intercambio que dan lugar a cambios constantes en las preferencias o expectativas.

Sin embargo, la mayoría de los economistas ignoran esta cuestión metodológica y algunos Premios Nobel como Samuelson (por cierto, autor del modelo “Cañones o Mantequilla” que da nombre a este blog), piensan que el único reto del socialismo es crear la tecnología necesaria que sea capaz de almacenar la infinita cantidad de información. No obstante, el “Big Data” que plantea Samuelson es un absurdo dada la naturaleza subjetiva y tácita de la información en los procesos sociales.

El cálculo económico no fue el único obstáculo al que tuvieron que enfrentarse los socialistas. Otra grave inconsistencia del socialismo es el problema de los incentivos.

Siendo el propósito del socialismo la socialización de todas las rentas, el estímulo a trabajar es negativo cuando el trabajador sabe que, a pesar de su esfuerzo, la remuneración de su trabajo será igual que la de los demás. Los primeros teóricos socialistas y comunistas eran bien conscientes de este desincentivo, sin embargo sus vagos intentos por tratar de resolverlo fracasaron: algunos teóricos como Mably plantearon incentivos “morales” para premiar la productividad; otros como Morelly ignoraron el problema culpando a las instituciones de destruir la natural bondad y entrega sin reservas al trabajo del hombre.

Dos décadas después del viaje realizado por los Webb, el socialismo soviético había demostrado las consecuencias de los problemas aquí planteados. La extinta Yugoslavia del mariscal Tito se alejó de la Unión Soviética e implantó su original modelo de socialismo autogestionario, tratando de introducir ciertos mecanismos propios del sistema de libre mercado (libertad de elección a los empresarios sobre la compra de factores y unidades de producción, incentivos económicos a la productividad, etc). Asimismo, en la propia Unión Soviética, el economista ruso Liberman propuso medidas liberalizadoras para evitar el colapso del sistema.

Todos estos intentos no lograron impedir el Fin de la Historia que proclamase Fukuyama con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la URSS en 1991. Un triunfo para las ideas del liberalismo que evidenciaba el amor platónico (y peligroso) que expresaba Beatrice Webb en sus diarios…

Mucho tiempo llevan discutiendo nuestros políticos sobre la educación que necesita España, y sin embargo, ni los treinta y seis años de democracia han sido suficientes para que aprendan un mínimo de modales.

Porque no es admisible para un país que cada gobierno de turno tire por la borda las reformas educativas aprobadas por el gobierno anterior sin analizar su contenido; ni es respetuoso que un ministerio invada la esfera privada de los padres imponiendo el centro en el que sus hijos deben estudiar o los valores éticos que deben aprender; ni es responsable definir un plan de estudios sin atender las necesidades de todos los colectivos implicados en la gestión del capital humano.

Pongamos contexto a todo este embrollo:

El gasto público dedicado a educación en España es ligeramente inferior a la media de la OCDE (un 4,8% frente al 6%). Sin embargo, el gasto total en educación (público y privado) en términos de PIB per cápita es superior en España (un 29% frente al 27%). Por tanto, podemos afirmar que España realiza un esfuerzo similar a los países de la OCDE, tal y como muestran los datos del último informe “Education at Glance 2014”.

¿Y los resultados? España ha conseguido situarse a la cabeza en tasas de escolarización y de ciudadanos con titulación superior, en concreto, un 32% frente al 30% en la Unión Europea.

Otra cosa es la calidad de dicha educación, ya que del total de dichos titulados superiores, un 22,8% está en paro, frente al 7,5% de la OCDE y el 9,1% de la Unión Europea.

Si dedicamos los mismos recursos y obtenemos resultados tan deficientes, es lógico pensar que, evidentemente, el problema de la educación no es el gasto, sino su gestión.

Eric Hanushek, economista y profesor en la universidad de Stanford, demuestra la importancia del capital humano como determinante del crecimiento económico potencial en los países.  El éxito de la política educativa, afirma Hanushek, no puede basarse en la mera tasa de escolarización, sino en la calidad de los centros de enseñanza, en el profesorado y en el rendimiento de los estudiantes. De este modo, surgieron los test de rendimiento PISA y PIACC, donde España se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE.

La posesión de un título universitario no basta para garantizar una educación de calidad que permita a los jóvenes incorporarse al mercado laboral. Es preciso abandonar la política convencional y adoptar un sistema de aprendizaje basado en competencias.

En este terreno es preciso dirigirse al economista y Premio Nobel de economía James Heckman, cuya investigación confirma que las competencias o habilidades que garantizan el éxito en la vida personal y laboral han de ser desarrolladas desde la infancia. La formación es altamente inefectiva en adultos que carezcan de las competencias previas necesarias.

Definir cuáles son, en concreto, esas competencias clave, resulta más complicado. Sin embargo, la mayoría de economistas, pedagogos y científicos coinciden en que las habilidades “actitudinales” o transversales, como la motivación, empatía, integridad, comunicación, análisis crítico o resolución de problemas, juegan un papel cada vez más importante y centran la atención de las empresas que buscan el mejor talento.

Por supuesto, estas competencias permiten a los trabajadores adaptarse continuamente a las necesidades que surgen continuamente en un mundo cada vez más globalizado y dinámico.

El sistema de educación español ha de asumir esta realidad y preparar a los jóvenes para afrontar los retos de la llamada nueva economía del conocimiento.

Esto se traduce en un cambio integral del modelo. No es lógico que un ministerio o comité defina unos planes de asignaturas tan encorsetados y caducos como son los que caracterizan a nuestras instituciones educativas. Las evaluaciones de calidad del profesorado y de los centros son inexistentes y la comunicación entre dichas instituciones y las empresas demandantes de trabajo es escasísima. Por esta razón, gran parte del desempleo juvenil se explica porque las empresas no encuentran los perfiles que necesitan. El estudio “Education to Employment: Getting Europe´s Youth into Work” realizado por Mckinsey, revela que un 33% de los empleadores en España admiten no contratar a sus candidatos porque no disponen de las habilidades necesarias.

La alternativa pasa por una profunda liberalización de la educación, tal y como ocurre con la gestión de las Escuelas de Negocio. ¿Por qué las universidades españolas no existen más allá de las fronteras mientras que nuestras escuelas de negocios se reconocen entre las mejores del mundo? La explicación se encuentra en que existe una relación continua y directa entre las escuelas y las empresas. Un sistema libre y abierto a la competencia crea los incentivos a que el proveedor de educación se esfuerce en tener al mejor profesorado y en superar la calidad de sus planes y metodologías si no quiere ser expulsado del mercado.

Por el lado de los estudiantes, unos centros de alto rendimiento exigirán una sana meritocracia que les permita aumentar su productividad. En este sentido, la financiación de la educación mediante becas (públicas o privadas) responderá siempre a un esfuerzo real por parte del alumno, tal y como ocurre en los países nórdicos y anglosajones que cuentan con las universidades más prestigiosas y los indicadores más altos de calidad de educación.

La inversión en capital humano ha de realizarse con criterios de racionalidad si queremos obtener rendimiento de ella y evitar la expulsión de los jóvenes españoles del país. Esto exige un ejercicio de humildad por parte de los responsables políticos que han convertido la educación en una batalla ideológica que está mermando el futuro de la generación perdida.

Porque la educación es demasiado importante para todos nosotros, más allá de los buenos modales.

El partido político Ciudadanos ha cobrado una relevancia explosiva en las últimas semanas, situándose como alternativa de gobierno de España frente al bipartidismo que, a ojos de los españoles, es la principal causa de la corrupción institucional, y frente a “Podemos”, cuyas recetas comienzan a ser temidas conforme aprendemos cómo funciona la economía y presenciamos el primer “fracaso” de su homólogo Syriza en Grecia. El ministro heleno de finanzas Varoufakis se ha visto obligado a “ceder” en su sofisticado modelo de juego de gallinas y pasar por reconocer a la Troika y continuar la agenda de reformas para lograr la ampliación del rescate.

En este contexto,  el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha fichado a su “Garifakis”: el prestigioso economista Luis Garicano, que hace dos semanas  presentó sus propuestas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un programa económico muy alejado de Syriza y Podemos.

Si bien se ha escrito mucho sobre cuál es la ideología política de Ciudadanos o qué consecuencias tendrían sus medidas, es preciso dejar claro en primer lugar que Garicano tiene en el punto de mira el problema central de la economía española: la crisis de endeudamiento público y privado.

Enfocar el programa económico en torno al eje del endeudamiento implica, a nuestro modo de ver, dos corolarios:

• Negar la mayor del discurso político e intelectual: El problema no es la escasez de demanda agregada ni su estímulo a través de incrementar el gasto público o inundar el mercado con bonos.
• La política económica debe tratar de favorecer la generación de ahorro real y genuino que consolide el crecimiento económico liberando recursos para la inversión productiva, lo cual implica rechazar la visión cortoplacista.

Las propuestas que anunció Garicano constituyen tan sólo un borrador de su programa definitivo, sin embargo es relevante poder centrar algunas de sus ideas y desmenuzarlas en detalle para comprender qué acciones concretas se plantean en el ámbito de su gestión:

En el mercado laboral, Garicano propone un contrato único indefinido con indemnizaciones crecientes. La finalidad de esta propuesta es clara desde el punto de vista de la oferta de factor trabajo: reducir la temporalidad de los trabajadores. Desde el lado de la demanda de factor trabajo, el contrato único favorece que los empresarios realicen un cálculo económico eficiente. La regulación española ha demostrado ser demasiado rígida y compleja, con tal multiplicidad de contratos en aras de proteger al trabajador que realmente lo que han producido son rigideces y desincentivos a la contratación. No habiendo trabajadores que proteger, se pasó a subsidiar a un número cada vez mayor de desempleados.

Asimismo, por el lado de los “outsiders” (los que salen del mercado laboral), España sigue teniendo uno de los costes de despidos más caros de Europa. Garicano propone, en lugar de atacar el problema de raíz (rindiéndose a las causas institucionales e históricas que admitió Keynes),  compensar esta desventaja con una bonificación a las empresas que despidan menos trabajadores.  Esto sin embargo puede resultar más complejo en la tarea de determinar si el efecto sustitución de dicha bonificación compensa el coste del despido en determinadas empresas.

Otra medida para combatir el desempleo es la famosa fórmula de la mochila austriaca, que consiste en que cada empresario aporte una pequeña cuantía del salario del trabajador dentro de un fondo que sirva para complementar el coste de las indemnizaciones en caso de despido.

Es una lástima que Garicano no coja el toro por los cuernos y se atreva a proponer un abaratamiento de los costes de despido para que el mercado sea más flexible. Tampoco se ha pronunciado el economista, de momento, sobre una reducción de las cotizaciones sociales para fomentar la contratación. Con un mercado flexible en el que los “insiders” y “outsiders” llenan y vacían continuamente el mercado laboral, el paro friccional (periodo de tiempo que transcurre desde que un individuo abandona un trabajo hasta que encuentra uno nuevo) tiende a ser muy reducido.

Una alternativa valiente debería dirigirse a establecer una mochila austriaca para las pensiones que permitan una reducción importante de las cotizaciones sociales. Es decir, fomentar los planes de pensiones privados, cuya naturaleza ha demostrado ser mucho más eficiente en la financiación de los seguros de vida hasta tal punto  que en la actualidad, los Estados intentan recurrir a algunas de sus fórmulas para mantener los sistemas de reparto. Me estoy refiriendo al fondo de reserva de la Seguridad Social, que no es más que una copia de la llamada “reserva matemática” propia de los seguros privados de vida, o a los cambios de gestión en algunos países enfocados a asesorar a los beneficiarios de pensiones y otras prestaciones para que elaboren un plan de ahorro como complemento necesario. No hay mejor modo de incentivar el ahorro que un sistema de capitalización, sin medias tintas.

La tercera gran pata de reformas laborales se centra en la formación.  Para reducir el paro de larga duración, Garicano apuesta por una formación de calidad cambiando el modelo  actual de formación subvencionado por sindicatos y organizaciones empresariales y sustituyéndolo por “poner el dinero en manos de los trabajadores y que los proveedores de educación compitan por ellos”. Garicano copia esta política aplicada desde hace ya varios años en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y otros países europeos y que consiste en unos bonos o cheques de formación cofinanciados por el Estado y la empresa a disposición del trabajador, quien podrá emplearlos para formarse en un centro a su elección, favoreciendo la competencia. Sin embargo, los centros “elegibles” han de pasar con anterioridad un control público para que puedan participar en el programa.

Aunque resulte políticamente incorrecto, es preciso reconocer que la experiencia en otros países no ha ofrecido resultados concluyentes, ya que es muy difícil incentivar a los trabajadores de cierta edad a formarse cuando no asimilan parte del coste.

Una reforma de calado que Ciudadanos debería estudiar es acercar el sistema de formación a las demandas de mercado, especialmente para el caso de los jóvenes. De nada sirve que la administración pública defina los contenidos o los centros que deben formar a los trabajadores si el mercado no demanda dichos contenidos o sistemas de educación. El incentivo más potente para que los centros de formación, universidades y escuelas ofrezcan una educación de calidad únicamente puede lograrse mediante la liberalización . La competencia libre de barreras de entrada reduciría los precios de la enseñanza y el papel del Estado debería limitarse a financiar la educación a aquellas personas que no puedan procurársela por medios propios.

España es el país de la Unión Europea con mayor fuerza laboral de baja cualificación. Si queremos ser más productivos, el capital humano es un factor crucial para aportar valor añadido a nuestro trabajo. Sin embargo, la agenda educativa sigue siendo el mayor ejemplo de inactividad de nuestros responsables políticos, supeditando la ideología a la realidad.

Por último, para conseguir reducir la deuda privada, la propuesta más importante de Ciudadanos es la dación en pago. Esta fórmula consiste en que, en caso de fracaso de refinanciación de préstamos hipotecarios, se pueda obligar al banco a aceptar el inmueble  hipotecado a un precio igual al 100% del valor de mercado, sea cual sea dicho valor en ese momento. El mayor inconveniente de esta medida se produciría si se aplica la retroactividad de la norma, ya que supondría que todos los ciudadanos que hemos rescatado a una parte de los bancos (antiguas cajas de ahorros) estaríamos subvencionando la irresponsabilidad de quienes se hipotecaron en los años de la burbuja cuando no debieron hacerlo. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias ha sido y es la manera más coactiva de financiar los errores del sector público.

Respecto al endeudamiento del sector público, Garicano no concretó ninguna medida, algo que pone en duda su postura en materia de gasto público e impuestos. Sin embargo, es de esperar que se propongan medidas de ajuste y reducción de gasto. Un diagnóstico coherente de la situación implica reconocer que no hay más margen de ajuste por el lado de los ingresos públicos.

En conclusión, esperamos haber demostrado que si bien los objetivos planteados por Ciudadanos con Garicano a la cabeza son sin duda resultado de un análisis correcto de la situación económica de España (algo que es muy pertinente reconocer), sus medidas se configuran como una serie de parches que no atacan la raíz del problema y que dan lugar a muchas salvedades desde el punto de vista de la política económica liberal.

Ciudadanos establece unas reformas socialdemócratas que se quedan en el medio camino y que pueden perpetuar y empeorar los problemas estructurales de la economía española.

Confío en  que las propuestas definitivas sean más ambiciosas y que Ciudadanos apueste por un modelo de economía de libre mercado.

Con la llegada de Syriza al gobierno de Grecia, el primer ministro heleno Alexis Tsipras y el presidente del BCE Mario Draghi han iniciado un peligroso “game of chicken” o juego de la gallina en la Unión Europea. Un juego que conviene explicar para poder entender el curso de los acontecimientos más recientes.

En microeconomía, la teoría de juegos estudia el comportamiento de los individuos e instituciones ante el riesgo. En concreto, el denominado juego de la gallina trata de atender los comportamientos de dos partes que entran en conflicto, sin que ninguna de ambas posea, a priori, una estrategia dominante sobre la otra.Tradicionalmente el juego se representa mediante dos conductores que conducen uno frente al otro en una carretera de un único sentido. De este modo, a medida que se aproximan uno de los dos conductores debe ceder y apartarse de la carretera, sin embargo será considerado una gallina (de ahí el nombre del juego).

A partir de este planteamiento, las estrategias a desarrollar por los dos jugadores son fácilmente advertibles: ambos pueden ceder a la vez, o puede producirse una combinación entre las acciones de “ceder” y “no ceder” para cada uno de ellos, cuyo resultado más catastrófico sería que ninguno de los dos ceda y, por tanto, los coches colisionen y los jugadores mueran.

Aplicando este juego al terreno actual, la tensión entre Draghi (junto a los acreedores europeos) y Tsipras es cada vez más delicada. A pesar de las sucesivas reuniones mantenidas por Varukafis, el ministro heleno de finanzas, con el banquero central y otros ministros europeos, ninguna de las dos partes cede.

Por un lado, la agenda política de Syriza exige que la Unión Europea consienta una reestructuración de la deuda griega, que en estos momentos se sitúa en el 176% del PIB . Entiéndase por reestructuración una quita, ya sea implícita o explícita. El lenguaje puede ser maquillado en política, pero es preciso analizar las verdaderas intenciones de Syriza. Un gobierno que está comprometido en pagar su deuda se esfuerza en realizar una contención del gasto público (actualmente un 59% del PIB) para hacer frente a dicho compromiso. Sin embargo, si la primera acción del primer ministro Tsipras es la de subir el salario mínimo y detener los recortes, hay implícita una clara manifestación de intenciones de no pagar, aunque dicha manifestación pueda ser legítima en virtud de la decisión del pueblo griego.

Por otro lado, la posición de la Unión Europea es absolutamente discordante. El 5 de febrero el Banco Central Europeo deja de aceptar bonos griegos como colateral a los bancos griegos que busquen nueva financiación. Esto produce que la barra libre de liquidez para Grecia se corta automáticamente, teniendo que financiarse a un precio mucho mayor. Tal vez la Unión Europea se ha cansado de ceder, y exige a Grecia que continúe con el programa del rescate supervisado por la Troika. Es preciso recordar que Grecia cuenta con un plazo de vencimiento medio de su deuda pública en 2013 de 16 años, siendo casi el doble del periodo para el resto de economías de la OCDE. Asimismo, el interés medio de la deuda pública griega es del 2,25% aproximadamente, una de las tasas más bajas de la Eurozona.

Expuestas ambas posturas, cada jugador sólo puede esperar a que el otro ceda. De momento, Tsipras conduce estimando la probabilidad de que Draghi tema un colapso ante el impago, al tiempo que amenaza con abandonar el euro, una medida que podría contagiar a otros países como España o Irlanda, suponiendo el fracaso del modelo europeo. Sin embargo las acciones de Draghi no parecen ir en esa dirección, y conduce dispuesto a que Grecia rectifique y ceda ante el riesgo de un aislamiento internacional y la quiebra del país si efectivamente abandona el euro.

¿El peor resultado? Un país devastado por los salvadores de la patria y el fracaso de la Unión Europea tal y como existe hasta nuestros días. La disciplina que una moneda como el euro otorga queda quebrada si las autoridades monetarias permiten que los Estados, lejos de realizar las reformas estructurales necesarias, se financien muy barato durante todo el tiempo que sea necesario, alimentando al monstruo del endeudamiento público. Esta ha sido la política seguida por Draghi, tal y como él mismo dijo: “Whatever it takes to save the euro”.

Sea cual sea el resultado final de este juego, cuesta mucho identificar a la gallina.

Queda tan sólo un día para que Draghi anuncie una de las decisiones más delicadas en la historia del Banco Central Europeo. Una decisión que supone un giro de la política monetaria europea : la adopción del famoso QE (Quantitative Easing) o medidas de flexibilización cuantitativa.

El QE consiste fundamentalmente en la compra masiva de bonos u otros títulos de deuda pública que emiten los gobiernos,con el efecto de aumentar el precio de dichos títulos y rebajar los tipos de interés, generando mayor liquidez en el sistema financiero. La gran mayoría de los economistas aplauden la decisión de Draghi,y esperan que el BCE compre un paquete de deuda pública por importe de 1.000 millones de euros. Asimismo, los mercados financieros ya han descontado la decisión del presidente. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha advertido que la compra de bonos ha de realizarse de manera prudente y gradual.

La razón esgrimida por los defensores del programa de QE es que, hasta el momento, la política monetaria expansiva «convencional» no ha conseguido estimular la economía europea lo suficiente. Además, la tan temida deflación es interpretada como una prueba más de que el consumo y la inversión no están tirando lo suficiente para consolidar la recuperación económica.

Resulta sorprendente que a medida que las políticas expansivas son cada vez más agresivas, el término de lo que es «convencional» caduca a una velocidad mayor. Es decir, cuando el BCE reduce los tipos de interés al mínimo histórico y los mantiene durante años, parece que hay que buscar un paso más allá porque dicha política ya es convencional y no funciona. Cuando los gobiernos europeos gastan casi un 50% del PIB para aumentar la demanda agregada, la política se vuelve convencional y hay que ir más allá emitiendo deuda pública, que en algunos países supera el 100% del PIB. Es decir, no se trata de que estas políticas hayan fracasado, sino de que han sido demasiado limitadas. Paul Krugman lo resume perfectamente cuando afirma que «el problema es que no se ha gastado aún lo suficiente».

Aunque algún lector pueda tacharme de escéptico o de nadar a contracorriente, lo cierto es que hay opiniones mucho más autorizadas que la mía que advierten que Europa está negando la realidad. El economista Steen Jakobsen se ha pronunciado recientemente sobre el QE europeo y recuerda que el Viejo Continente no es Estados Unidos. En efecto, los ciudadanos europeos son ahorradores netos, y la política monetaria aplicada ha sido contraproducente al no permitir que el mercado «purgase sus errores».

Hemos insistido en muchas ocasiones en este blog el delicado contexto en el que nos encontramos. La economía privada europea está muy endeudada y necesita urgentemente ahorro para equilibrar sus finanzas. No es congruente seguir inyectando más liquidez en el sistema cuando el mercado no demanda más crédito. Hay un stock de inversiones que debe liquidarse (no es necesario recordar las más de 500.000 viviendas en España sin vender como consecuencia de los errores empresariales cometidos tras la brutal expansión crediticia). Por ello, la deflación no ha de ser necesariamente mala cuando es resultado de esta depuración y si se configura como antecedente a un escenario de ahorro e inversión previa que permita incrementar la producción y reducir los precios. La deflación en tales términos no es nociva. Otra cosa es cuando la deflación sea inducida por la autoridad monetaria, como ocurrió en la Inglaterra de Winston Churchill.

Aprovechando la historia del pensamiento económico, Hayek nos demuestra que el panorama actual no es algo novedoso. En su artículo «La política monetaria en los Estados Unidos tras la recuperación de los años 20», el economista austriaco escribe las reformas que introdujo la Reserva Federal (Fed, para los colegas) en 1.914, es decir, hace poco más de un siglo:

“El principal objetivo de la gran reforma bancaria de 1913-14 fue crear una autoridad que ayudara a evitar los pánicos financieros que habían padecido frecuentemente los Estados Unidos facilitando créditos en épocas de recesión (“crédito al pánico”) (…) Parece que las ideas de esta clase, con origen en la influyente “Escuela Bancaria”, han seducido reiteradamente a los expertos monetarios norteamericanos, haciéndoles caminar en la dirección errónea.”

A continuación llegó la crisis de 1.929 y la Gran Depresión de los años 30. Juzguen ustedes…

El QE ha sido empleado en algunos países como Japón y más recientemente en Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, es evidente que las mismas políticas no producen los mismos efectos en todos los países, y corremos el riesgo de que Europa pueda sufrir una «japanización de su economía».

Por tanto, lejos de alabar el rumbo que está tomando el BCE, es preciso insistir en que Draghi corre el peligro de cometer los mismos errores que en el pasado, la concesión del crédito al pánico.